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Las autoridades evaluarán la situación del caso y si consideran que deben actuar, “desplegarán las fuerzas federales de seguridad”.
Tras el éxito relativo de la política ‘antipiquetes’ para reprimir las protestas y el corte de calles durante manifestaciones, el gobierno de Javier Milei activó una nueva medida represiva contra la clase trabajadora argentina, al anunciar la aplicación de un nuevo protocolo ‘antibloqueo’ de empresas.
Así lo informó el Ministerio de Seguridad argentino a través de X, donde detalló que “el protocolo de actuación”, es “un sistema de protección para el normal funcionamiento de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción”.
En ese sentido, explica el Ejecutivo de Milei, se considerarán como bloqueos “maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios” en cualquier lugar del país.
De acuerdo con el despacho de Seguridad, los bloqueos que realicen los trabajadores, que reclaman mejoras salariales ante la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza en el país, entre otras cosas como la no intervención de universidades y restricciones a la información pública impuestas por el Ejecutivo, se podrán denunciar telefónicamente por cualquier persona al número local 134, por mensajería instantánea y por correo electrónico.
Una vez recibida la denuncia, las autoridades evaluarán su “verosimilitud” y si consideran que deben actuar, “se desplegarán las fuerzas federales de seguridad a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado”.
Asimismo, la resolución establece la autorización a las fuerzas de seguridad a que recojan “pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente”.
Esto significa que la Policía podrá detener a los organizadores y a los integrantes de la protesta y acusarles judicialmente de cometer un delito por el reclamo sindical.
En estas acciones, acotó el ministerio a cargo de Patricia Bullrich, también intervendrán la Secretaría de Trabajo y el Ministerio Público Fiscal.
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