El Ayuntamiento de North Somerset, en el Reino Unido, ha votado a favor de la desinversión de empresas que permiten la ocupación militar y el apartheid de Israel.
La moción aprobada pide al Fondo de Pensiones de Avon que retire sus inversiones de empresas “que facilitan las violaciones del derecho internacional por parte de Israel”, incluidos los fabricantes de armas que abastecen al régimen israelí y las corporaciones que operan en asentamientos ilegales israelíes.
La decisión marca otro paso importante para el movimiento de solidaridad con Palestina y la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Esta decisión es el resultado de meses de campañas de base por parte de grupos locales, incluidos Weston-Super-Mare, Clevedon Friends of Palestine y Palestine Solidarity Campaign (PSC), que trabajaron para impulsar políticas de inversión éticas.
North Somerset es ahora el segundo ayuntamiento que apoya una medida de este tipo, tras la votación del Ayuntamiento de Bristol en enero.
El Ayuntamiento de North Somerset ha votado a favor de la desinversión en empresas que permiten la ocupación militar y el apartheid de Israel. https://t.co/1TMKi24yl6
— Mandarín 🇵🇸 (@Okitsu_01) February 20, 2025
Hablando en nombre de Weston-super-Mare y Clevedon Friends of Palestine, Nola Wolley se dirigió a una reunión plenaria del comité del fondo de pensiones el 18 de febrero, denunciando que a pesar de “las abrumadoras pruebas” de que el régimen israelí “no respeta las leyes de la guerra, el Reino Unido y Estados Unidos no han detenido los envíos de armas a Israel”
“El aliado más cercano del Reino Unido ahora propone la expulsión masiva de 2,1 millones de personas de Gaza y la demolición de una de las zonas civiles más densamente pobladas de la Tierra: esto es una limpieza étnica y un crimen de guerra”, criticó.
Instó a los concejales de North Somerset a “estar del lado correcto de la justicia y votar para desinvertir en empresas que se benefician de la ocupación ilegal de tierras palestinas por parte de Israel, el apartheid y los abusos de los derechos humanos, y que son cómplices de la violación del derecho internacional”.
La decisión pone de relieve el creciente impulso del movimiento BDS en el Reino Unido, con activistas de todo el país instando a los ayuntamientos a seguir el ejemplo de North Somerset y exigir políticas de inversión éticas que corten los lazos financieros con las empresas que se benefician de la ocupación y el apartheid de Israel.
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