El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado 2 de febrero una propuesta de conformidad penal en la que su defendido admite los delitos.
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Según medios de prensa, González Amador reconoció por escrito dos delitos fiscales entre 2020 y 2021, de los tres que se le acusa, y propuso cuatro meses de cárcel por los dos delitos fiscales, una multa de unos 140.000 euros y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas durante nueve meses. Todo lo anterior, condicionado a que se le suspenda la pena de prisión y, por tanto, no entre en la cárcel.
El documento reconoce que la pareja de Ayuso defraudó 350.951,41 euros a los que suma otros 24.685,51 de intereses de demora y una multa, correspondiente con el 40 por ciento de la cuota defraudada, pero no menciona el tercer delito: los documentos falsos de 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros por servicios que nunca llegaron a prestarse.
El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.
La Agencia Tributaria comenzó a sospechar cuando los ingresos de González Amador se multiplicaron, pero su factura del impuesto se mantuvo en los mismos indicadores, y lo acusó a la Fiscalía, esta le denunció ante los tribunales; y el juzgado de instrucción el 19 de Madrid decidió imputarlo junto a sus colaboradores, citándole para declarar el próximo 20 de mayo.
Por otra parte, Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, intentó hacer ver ante la opinión pública que la fiscalía fue quien le ofreció el acuerdo a González.
En tanto, la Fiscalía de Madrid desmintió en un comunicado a Rodríguez y detalló el desarrollo de los hechos. El texto, fue denunciado por el propio González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid como un posible delito de revelación de secretos.
