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Los asambleístas consideran que Mónica Palencia no ha trabajado en temas de seguridad.
El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves continuar con el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, una de las más cercanas al presidente Daniel Noboa, por presunto incumplimiento de funciones.
Con 89 votos a favor —se necesitaban 70—, 40 en contra y tres abstenciones, el Parlamento decidió continuar con este proceso.
La continuidad del juicio político se puso a disposición del pleno del Legislativo este jueves luego de que el informe que sugería el procedimiento a Palencia no se aprobara en la Comisión de Fiscalización.
Palencia es acusada de incumplimiento de funciones por la inseguridad y violencia que vive el país. Los asambleístas consideran que no ha trabajado en temas de seguridad.
Durante la sesión, la asambleísta Sofía Espín, sostuvo que la ministra “ha incumplido funciones al inobservar la Constitución de la República respecto al deber primordial del Estado de garantizar el derecho de sus habitantes a vivir en una cultura de paz y seguridad integral” y “garantizar la seguridad humana mediante políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica”.
Por su parte, Leonardo Berrezueta, interpelante del juicio político, remarcó que el Ministerio del Interior es el responsable político de la inseguridad, el crecimiento de homicidios y los operativos de las fuerzas del orden en la calles de Ecuador. “Fue demostrado que no existe el Plan Fénix (para acabar con la violencia), aún estamos esperando el documento por parte de la ministra”, expresó, al tiempo que puso en duda la versión oficial, que defiende que las muertes violentas se han reducido en el país en un 17 %.
¿Qué sigue?
Tras la votación, en los próximos cinco días, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, deberá incluir en el orden del día el juicio contra la ministra, detalla el Parlamento.
Palencia, que ha negado los cargos de los que se le acusa en el Legislativo, deberá acudir de manera presencial a defenderse en este procedimiento y los parlamentarios deberán decidir si absolverán o censurarán a la funcionaria.
Se necesitarán de 92 votos para su censura y destitución. De ocurrir esto, no podrá ocupar cargos públicos durante dos años.
