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Alberto González Amador, pareja de la conservadora Isabel Díaz Ayuso, pide 100.000 euros al presidente de Gobierno antes de seguir con su demanda.
El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, tendrá que acudir a los juzgados para un acto de conciliación, luego de haber llamado “delincuente” al empresario Alberto González Amador, quien admitió la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública.
González Amador es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha reconocido dos delitos de fraude fiscal por valor de 350.000 euros. Sin embargo, en las últimas semanas, el empresario ha emprendido una agresiva estrategia judicial en contra de los periodistas, medios, políticos, funcionarios del Estado y ministros que se han referido al caso.
En este particular, el demandante se considera agraviado porque, el pasado 17 de octubre, el presidente de Gobierno defendió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, luego de que el Supremo decidiera investigarlo por la presunta filtración del correo que el novio de Ayuso envió al Ministerio Público para alcanzar un acuerdo.
En esa oportunidad, Sánchez aseveró que el fiscal había hecho su trabajo al “perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. Para la pareja de la presidenta de Madrid, esas palabras constituyen una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
La cita está pautada para el próximo 12 de enero, aunque el jefe de Ejecutivo no está obligado a comparecer de manera personal, destaca elDiario.es. Si Sánchez se niega a efectuar el proceso de conciliación, González Amador podrá seguir adelante con la demanda o acudir a una querella por injurias.
El llamado ‘caso novio’ ha dado un vuelco. Si bien en principio se puso la lupa en el escándalo de la defraudación fiscal admitida por la pareja de Ayuso, ahora la atención se centra en la causa que se instruye contra el fiscal García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido llamado a declarar como testigo en esa causa, el próximo 8 de enero, además de periodistas de ocho medios de comunicación —El Mundo, La Sexta, Cadena Ser, elDiario.es, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital—, todos ellos a petición del propio fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid.
