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Perú tiene la particularidad de contar con casi 10 expresidentes con vida y, curiosamente, el más avezado de todos es quien mantiene un alto nivel de influencia en la política. A sus 86 años, Alberto Fujimori (1990-2000) continúa siendo una figura descollante en el país.
Francisco Sagasti (2020-2021) escribe artículos e incluso libros, Martín Vizcarra (2018-2020) sigue activo en política e inclusive en TikTok, pero ninguno genera más ruido mediático ni más reacciones como el político con ascendencia japonesa.
De hecho, a finales de febrero pasado tuvo que recular luego de haber ocasionado un sismo político con unas palabras, en la que revelaba un acuerdo en el seno del partido fujimorista Fuerza Popular para resguardar en el cargo a la actual gobernante, Dina Boluarte.
“De ahora en adelante, me voy a abstener de hacer declaraciones“, aseveró al canal local Willax. “Estoy alejado de la política”, añadió en ese momento. Empero, cinco meses después, su hija, Keiko Fujimori Higuchi, anunció la candidatura presidencial de su padre.
Aunque el exdignatario no se ha pronunciado al respecto, su nombre no deja de acaparar titulares. La semana pasada la prensa peruana reveló que el Congreso de la República le aprobó una pensión vitalicia, pese a una prohibición de ley que él mismo aprobó.
¿Cómo se explica?
RT preguntó al historiador y analista político peruano, Daniel Parodi Revoredo, sobre cómo se explica que Fujimori siga teniendo tanta influencia, cuando han pasado dos décadas desde la época en que gobernaba esta nación latinoamericana.
“Alberto Fujimori lideró una década autoritaria —la de 1990— pero a la vez de grandes transformaciones en el Perú. Adoptó el modelo económico neoliberal, tras décadas de estatismo radical”, recuerda. “Fujimori tuvo que atender la masiva migración del campo a la ciudad que generó que millones de personas requiriesen asistencia, alimentación y los servicios básicos del Estado”, agrega.
Una era que fue celebrada por casi toda la derecha y vilipendiada por la izquierda, si bien con matices por los resultados que arrojaron años de crecimiento económico. “Eso le generó el apego de los sectores más desfavorecidos y quienes entonces fueron atendidos lo apoyan hasta hoy“, expresa Parodi.
El factor institucional
En el Perú del 2024 un elemento fundamental, no solo para evaluar el estatus del exmandatario sino para examinar toda la vida social, es el Congreso, donde Fuerza Popular no tiene la mayoría de antaño, pero ha logrado cuajar una alianza con fuerzas variopintas.
“Tenemos un Congreso demasiado poderoso y con poca conciencia de sus propios límites, además de una muy baja aceptación ciudadana”, critica Parodi, quien puntualiza que actualmente estos grupos tienen los dos tercios que se requieren para sacar adelante cualquier iniciativa.
Un escenario fustigado por amplios sectores de la sociedad peruana. “Esta prerrogativa se está utilizando indiscriminadamente al punto que ya se han aprobado leyes que prescriben los delitos de lesa humanidad“, apunta el experto.
Se refiere a un proyecto que, de acuerdo a uno de sus impulsores, será promulgado este viernes por el propio Parlamento. El miércoles el Gobierno de Boluarte confirmó que no observará el dictamen y, por lo tanto, permitirá que sea ley.
El controvertido proyecto de ley, aprobado por los legisladores en segunda votación a principios de julio, beneficiaría a Fujimori, quien estuvo 16 años en la prisión tras ser condenado precisamente por delitos de lesa humanidad a 25 años. En diciembre de 2023, un polémico indulto avalado por Boluarte lo liberó.
“Alberto Fujimori interrumpió el orden constitucional con su autogolpe del 5 de abril de 1992 y consolidó prácticas político-culturales asistencialistas y clientelares que hasta hoy impiden la maduración institucional del país“, estima Parodi.
La “etapa de consultas”
En medio de reproches, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó en las últimas horas que el viernes planteará a la mesa directiva del órgano legislativo la suspensión de la pensión vitalicia de Fujimori para abrir una “etapa de consultas”.
En diálogo con Canal N, aseveró que la ley 26519, la que estableció la pensión para las personas que hayan ejercido la jefatura del Estado, “es una norma no clara, que tiene vacíos, que puede generar diversas interpretaciones”.
“La pensión otorgada a Alberto Fujimori podría desprenderse de la posición de poder que hoy ostenta el Congreso. Sin embargo, en el Perú los expresidentes tienen derecho a pensión vitalicia y corresponde a los juristas discutir si a Fujimori —que fue condenado por el Poder Judicial y luego indultado— le toca o no dicha pensión”, alega Parodi.
Salhuana, quien tiene pocos días como cabeza del Parlamento, aclaró que la decisión es estrictamente de su naciente gestión. “Escuchando las opiniones diversas que hay en la opinión pública (…) espero que tenga la acogida correspondiente de los vicepresidentes”, instó.
La eterna disputa
Con Alberto Fujimori las divergencias no acaban. Durante años sus simpatizantes y correligionarios sostuvieron que bajo su gestión no se violaron derechos humanos, sino que los militares actuaron en concordancia con la “guerra contra el terrorismo”.
Ahora el debate, abocado mayormente a jurisconsultos, trata sobre su postulación y pensión vitalicia. En ambos casos la Constitución peruana dispone que están vetadas personas condenadas en sala judicial.
A pesar de esto, el abogado del expresidente, Elio Riera, adelantó que una vez sea promulgada la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad perpetrados antes del 2002, solicitarán su aplicación inmediata.
Un clan familiar
Una vez que Fujimori se acoja a esta normativa, su camino quedará más allanado de cara a la próxima elección prevista para 2026, en la cual Fujimori Higuchi descartó formar parte de la fórmula presidencial con su padre. Empero, el partido es liderado por ella y ha sido su cara más visible en los últimos años.
“El caso del fujimorismo también es especial porque, más que en un partido de cuadros, Alberto Fujimori pensó en un orden dinástico. Tras separarse de su exesposa Susana Higuchi, nombró a su hija Keiko primera dama de la Nación por lo que, tras la fuga del mandatario en 2000, la joven política asumió el liderazgo del movimiento”, narra Parodi.
A diferencia de su padre, quien no perdió ningún sufragio, Fujimori Higuchi ha sido tres veces candidata presidencial y las tres veces fue derrotada en segunda vuelta. No obstante, para Parodi la excongresista mantiene un rango preponderante.
“Keiko y su hermano Kenji son dos políticos de edad mediana y cada uno posee algún nivel de popularidad, entonces no me parece que el fujimorismo se vaya a desvanecer en un mediano plazo”, indica.
Sin embargo, el jerarca de la familia todavía afronta un juicio por el caso Pativilca, que dejó seis campesinos fallecidos en 1992. Su heredera enfrenta otro por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Y su hijo menor, otrora el congresista más votado del Perú, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión suspendida justamente por cabildear para conseguir su indulto.