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La Constitución mexicana establece que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo las gestiones necesarias para otorgar el segundo asilo político en su administración. El vacado exmandatario de Perú, Pedro Castillo, solicitó ayuda al Gobierno mexicano al ser víctima de una “persecución infundada” de los órganos de justicia del país andino.
En plena crisis política y después de que el Congreso peruano aprobara la moción de vacancia, Castillo intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima, pero fue capturado en el camino por la Policía. A través de su abogado, Víctor Pérez, el detenido expresidente peruano solicitó asilo a México.
“Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas“, informó el jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
La Constitución mexicana establece que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo“. Para otorgarlo, la Cancillería tiene entre sus lineamientos que la persecución del solicitante tenga un carácter político relacionado con su perfil público; y que se encuentre en peligro por virtud de la persecución política y, por lo tanto, no pueda ponerse a salvo de otra forma.
Este viernes, la recién juramentada presidenta peruana, Dina Boluarte, dejó en manos del Gobierno mexicano la posibilidad de asilo a Castillo.
“Yo siempre me he mantenido dentro del marco legal. Lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia, eso lo tendrá que validar en todo caso ya el Gobierno mexicano”, dijo Boluarte este viernes a medios locales.
Asilo de Evo en México
No es la primera vez que la administración de López Obrador otorga un asilo político ante lo que considera una situación de riesgo de un expresidente.
En noviembre del 2019, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fue depuesto en un golpe de Estado. Consciente de que su vida corría peligro, López Obrador ofreció un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que Morales pudiese salir del país andino.
Una vez que se concretó su huida, México otorgó asilo político a Morales durante un mes. Después fue recibido por Argentina en calidad de refugiado.
En una tensa jornada en Perú, el pasado miércoles López Obrador ofreció abrir a Castillo y su familia las puertas de la Embajada de México, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. El mandatario dio la orden al canciller Ebrard.
“Le dije que hablara con el embajador (Pablo Monroy) y se abriera la puerta de la Embajada, con apego a nuestra tradición de asilo, pero al poco tiempo tomaron la Embajada con policías y ciudadanos, y él ya ni siquiera se pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, reconoció López Obrador este jueves.
Solidaridad y denuncias de persecución
La postura del mandatario mexicano está en sintonía con las opiniones expresadas por otros líderes de la región respecto a la necesidad de cuidar la integridad de Castillo.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, así como Morales, coincidieron en que Castillo enfrenta una persecución que lo pone en riesgo.
Maduro lamentó que Castillo enfrentó una “persecución parlamentaria, política y judicial sin límite“. Pese a ello, expresó sus deseos para que Perú obtenga su camino de “liberación, democracia y felicidad”.
Por su parte, Petro solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita “medidas cautelares en favor del presidente Pedro Castillo”
Esta misma sugerencia fue respaldada por Morales, quien afirmó que “el discurso de odio y las amenazas de escarmiento de la derecha peruana y sus medios de comunicación en contra del hermano Pedro Castillo ponen en riesgo la integridad de él y su familia“.
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