Publicado:
Las autoridades de algunas regiones pueden recurrir a esta práctica para aumentar los ingresos presupuestarios, revela un periódico occidental.
Una investigación periodística de Financial Times ha puesto al descubierto una práctica que en los últimos años preocupa mucho a la comunidad empresarial de China: el aumento de las detenciones de altos cargos ejecutivos de compañías privadas chinas en provincias o ciudades distintas a las de sus sedes o incluso ajenas por completo a su actividad.
Así, directivos de 82 empresas que cotizan en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen fueron detenidos en 2024. Aproximadamente, la mitad de estos casos involucraban a las autoridades de otra región o con una ubicación no especificada. Además, se denunció por lo menos un presunto intento de secuestro del empresario de apellido Shen en la provincia de Zhejiang por agentes de otra región que la Policía local frustró y sacó al público.
Al abordar el tema con algunos de los que se han visto afectados indirectamente por esta tendencia, incluido un abogado, los periodistas mostraron que estas detenciones tendrían como finalidad aumentar los ingresos de los presupuestos regionales. Las multas que se podría obligar a pagar a los ricos servirían como una alternativa para compensar la caída de los ingresos por la venta de terrenos.
“Hacer que paguen”
Ciertas detenciones parecían tener poca o ninguna base legal, mientras que los cercanos y los subordinados de algunos detenidos solo reciben de las autoridades réplicas como: “Se trata de sus problemas personales”. Este es el caso del multimillonario Zhang Jian, de 55 años, cuya familia posee un paquete mayoritario en la empresa Aima Technology Group, especializada en escúteres eléctricos. Zhang fue detenido el pasado mes de octubre en la ciudad de Chengde, donde Aima no tiene ningún activo, según documentos públicos.
Un importante inversor chino que se expresó bajo condición de anonimato, asegura que dicha práctica, que califica de “pesca de largo alcance”, consiste en buscar a los más ricos, acusarlos de violaciones en una región aleatoria y “hacer que paguen”. “Es como un chantaje a nivel nacional”, generalizó el hombre.
En una reciente declaración, el primer ministro chino, Li Qiang, dejó claro que reconoce el problema de “abuso de la discreción administrativa y la actividad policial injusta” en ciertos sectores. El político pidió este diciembre una supervisión más estricta de la acción policial contra empresas, con especial atención en las regiones con un crecimiento anormal de los ingresos por multas y confiscaciones o altos niveles de la acción policial fuera de la respectiva jurisdicción.
