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El mandatario hizo esta solicitud tras el hallazgo de los restos de un excomandante guerrillero en una fosa común.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a EE.UU. que desclasificara los archivos secretos de 1985, año en el que ocurrió la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá.
En su cuenta de X, el mandatario agregó que espera que EE.UU. “ayude a la verdad”. La solicitud se hace la misma semana en que fueron hallados los restos del excomandante guerrillero Guillermo Elvencio Ruiz, quien desapareció hace 39 años, tras su participación en la mencionada toma.
El presidente no dio detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre quiénes podrían ser los responsables, pero aseveró que uno de los fundadores del desaparecido grupo armado Movimiento 19 de Abril (M-19) habría sido secuestrado por el fallecido capo de la droga Pablo Escobar, quien, luego de torturarlo, lo habría entregado a la Fuerza Pública. A partir de allí, se perdió el rastro.
“Para quienes tienen aún la historia oficial mentirosa en la mente sobre la toma del Palacio, esos restos son una prueba total en contra”, dijo Petro, con referencia a las versiones que apuntan que fue un “muerto en combate”.
Sobre la desaparición y deceso de Ruiz, un informe de la Comisión de la Verdad sostiene que tras ser torturado “fue entregado en un costal [saco] al Ejército“, aunque no se especifica más. Otras versiones apuntan a que la muerte ocurrió dentro del Palacio de Justicia.
Según divulgó la prensa, los restos de Ruiz se habrían encontrado en una fosa común en el Cementerio del Sur, en la capital colombiana. Su identidad habría sido confirmada con una prueba de ADN hecha por Medicina Legal junto a la Fiscalía.
¿Qué ocurrió en el Palacio de Justicia?
El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 hizo un asalto armado al Palacio de Justicia, que culminó con la retoma por parte de la Fuerza Pública.
En ese contexto, ocurrió la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Irma Franco Pineda y otras seis personas más. De este grupo, siete eran trabajadores de la cafetería, tres eran visitantes y una era del M-19.
En junio de este año, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 31 años de cárcel al general retirado Iván Ramírez Quintero y al teniente coronel Fernando Blanco Gómez, por el delito de desaparición forzada de Franco Pineda.
Según los abogados de las víctimas, Ramírez Quintero —jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI)-Batallón Brigadier Charry Solano— conocía “con antelación” que el M-19 tomaría las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, ordenó a sus subordinados que se ubicaran en la Casa Museo del Florero, a metros del lugar, para interrogar y torturar a las personas que fueron sacadas vivas de la estructura, con el fin de determinar si pertenecían al grupo guerrillero. Tras estas acciones, sufrieron desaparición forzada.
Por estos hechos también fueron condenados los militares Jesús Armando Arias Cabrales, que además fue sancionado por EE.UU. por “violación de los derechos humanos”; Oscar William Vásquez Rodríguez, Gustavo Arévalo Moreno y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, entre otros.
