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Un grupo parlamentario denuncia que seis compañías colaboran con las actividades de Israel en el territorio ocupado de Cisjordania.
El grupo parlamentario Sumar exige explicaciones al Gobierno de España por las empresas nacionales que hacen negocios en los territorios ocupados de Palestina.
Lo ha hecho a través de una pregunta escrita presentada este viernes en el Congreso de los Diputados a iniciativa de Izquierda Unida (IU), partido que forma parte de la coalición, con las firmas del portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el diputado Félix Alonso, de la misma formación.
En el texto se refieren a seis empresas españolas que están trabajando en esa zona y preguntan al Ejecutivo qué medidas va a tomar para o bien acabar con el apoyo o bien sancionar a esas compañías que lucran con proyectos relacionados con la ocupación ilegal israelí en Cisjordania.
Ni siquiera un genocidio en curso disuade al capitalismo de hacer negocio.Las empresas españolas que realizan negocio en los territorios ocupados por Israel deben parar de hacerlo o enfrentarse a los tribunales, por claras infracciones del Derecho Internacional Humanitario. pic.twitter.com/iZKzcuGjzN
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) August 30, 2024
El documento señala que en un reciente viaje a Kiev del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una de las empresas invitadas fue CAF, que gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias del territorio ocupado.
También se apunta a Semi, del Grupo Cobra, relacionada con el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, que cruza territorio palestino ocupado. Las otras cuatro compañías que hacen negocios similares son GMV, Ineco, Salvat Logística y eDreams.
El documento presentado por Sumar también solicita que se impida a dichas firmas participar en licitaciones y compras públicas o tener acceso a subvenciones.
Para los denunciantes, varios de esos proyectos vulneran la legalidad internacional que establece como ilegal que una potencia ocupante lleve a cabo el traslado de una parte de su propia población al territorio que ocupa, es decir, que prohíbe los asentamientos como los que existen en Cisjordania.
En la misiva se presentaron las siguientes preguntas: cuál sería el criterio para elegir a las empresas que acompañaron al ministro a Kiev, si el Gobierno es consciente de que vulnera la normativa sobre la diligencia debida al apoyar a compañías que participan en proyectos para la colonización ilegal de Cisjordania, qué medidas se van a tomar para dejar de apoyarlas o sancionarlas y si se avalará a la Fiscalía para que inicie acciones penales contra los directivos de CAF que participen en el mencionado proyecto.
