Publicado:
Según el recuento del órgano de justicia transicional, al menos 12 firmantes de los acuerdos de paz de 2016 están en paradero desconocido.
La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP) le ordenó este viernes al Ministerio de Defensa el traslado de la zona del Catatumbo de 124 firmantes de los acuerdos de paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano, al considerar que “sus vidas están en riesgo por las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región”, según se lee en un comunicado publicado en su portal web.
Del mismo modo, se le impuso al ministerio “mantener los anillos de seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Caño Indio y en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tibú, y localizar, al menos, a 12 firmantes del acuerdo final de paz desaparecidos“.
En el texto se recalca que “las decisiones emitidas son de carácter urgente”, se alude a las retenciones ilegales de civiles, a las decenas de asesinados y a los miles de desplazados en el marco de los combates entre el ELN y el Frente 33, disidencia de las extintas FARC, y da cuenta de las denuncias de los asesinatos de los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.
“Bajo este contexto, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa que, de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del acuerdo de paz que se encuentran en la zona del Catatumbo. Asimismo […] en un término de 10 días, deberán presentar un informe detallado de las acciones implementadas para garantizar la protección de los excombatientes“, apunta el documento.
Entre otras exigencias a diversas entidades públicas, se le demanda a la Fiscalía ejecutar un plan junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para localizar a los firmantes de paz cuyo paradero se ignora.
“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el acuerdo final de paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado. Garantizar la vida y la integridad de quienes dejaron las armas en 2016, es esencial para asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla”, concluye el escrito.
