Publicado:
La propuesta sugiere repartir unos 640.000 millones de dólares entre 1,8 millones de residentes afroamericanos de California, cuyos antepasados fueron víctimas de la esclavitud.
El Grupo de Trabajo de Reparaciones de California propuso durante su reunión de este viernes en Sacramento destinar 360.000 dólares a cada afroamericano que reside en el estado, en concepto de indemnizaciones por la esclavitud del pasado.
Los pagos se efectuarían a cada descendiente afroamericano de un antepasado que era esclavo en el territorio de Estados Unidos, y la suma total de las reparaciones ascendería a 640.000 millones de dólares, distribuidos entre alrededor de 1,8 millones de afroamericanos que residen en California.
El dinero podría ser entregado directamente a los elegibles para la indemnización o distribuirse en forma de inversiones en la educación, atención sanitaria o viviendas para las comunidades afro. No se habló de cómo las autoridades del estado deberían financiar la iniciativa en medio del déficit presupuestario que enfrentan, o de si las indemnizaciones correrían por cuenta de los contribuyentes.
El Grupo de Trabajo fijó la suma de 640.000 millones de dólares empleando un modelo que evaluó la brecha de riqueza racial en California. Se calcularon los daños relacionados con injusticias específicas como la discriminación en la vivienda, los encarcelamientos masivos y el descuido sanitario.
El historial de discriminación en materia de la vivienda contra los californianos afroamericanos constituyó una parte significativa de la indemnización recomendada por los autores de la propuesta. Estimaron que varias comunidades negras perdieron sus propiedades por el desarrollo de los proyectos de infraestructuras, ya fuera a cambio de dinero o mediante la expropiación forzosa.
- Siendo un estado norteño de la Unión, California no destacaba por el uso de la labor de los esclavos africanos, a diferencia de los Estados Confederados del Sur, cuando se desató la guerra de Secesión en 1861. De hecho, la esclavitud estaba constitucionalmente prohibida en su territorio desde 1850, aunque en aquellos tiempos la ley no siempre se cumplía a rajatabla.
