En Panamá, diversas organizaciones han manifestado su rechazo a las iniciativas gubernamentales que buscan reactivar la explotación minera en el país.
A un año de las protestas que tiraron abajo el contrato de concesión de más 12 000 hectáreas para la explotación minera en Panamá, la posibilidad de una reactivación de operaciones anunciada por el gobierno de José Raúl Mulino vuelve a movilizar a distintas organizaciones, quienes se oponen a este tipo de actividades en un país cuyas condiciones tropicales convierten a los megaproyectos extractivos en una amenaza para la salud y el ambiente.
La preocupación de que las operaciones mineras en la región de Donoso sean reactivadas alcanza a distintos sectores de la sociedad panameña, cuando este mes de octubre se cumple el primer año de la coyuntura de protestas que rechazaron el contrato firmado entre el gobierno panameño y la trasnacional First Quantum Minerals (FQM).
Especialistas indican que el fallo anunciado el 28 de noviembre de 2023 y que declaró inconstitucional el contrato al considerar la violación de 25 artículos de la Constitución, sería la principal herramienta en manos de la población para encarar cualquier iniciativa que promueva la reapertura de la mina.
De ahí provienen las iniciativas que se impulsan actualmente para informar a la sociedad sobre los detalles implícitos en ese fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la elaboración de un documento que busca acercar estos detalles a la ciudadanía.
A pesar de estas posiciones, el presidente José Raúl Mulino ha dejado claro que el tema minero será retomado en 2025, después de abordar las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) que auguran un agitado cierre del actual 2024.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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