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La Justicia otorgó al estado de Paraná una extensa área del Parque Nacional, equivalente a más de 1.500 campos de fútbol.
Un fallo de la Justicia federal de Brasil otorgó al estado brasileño de Paraná una extensa área del Parque Nacional del Iguazú, equivalente a más de 1.500 campos de fútbol.
Según O Globo, la decisión representa un nuevo capítulo en la disputa legal entre la Unión y el gobierno paranaense por el control de este territorio. La administración del parque está en la actualidad en manos de la concesionaria Urbia Cataratas SA, responsable de la gestión turística y operativa de la reserva.
Sin embargo, con este nuevo fallo, Paraná también pasa a tener derecho a una parte de los ingresos generados por la explotación turística de las Cataratas del Iguazú, considera una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
La controversia comenzó en 2018, cuando el gobierno federal intentó anular un registro realizado por el estado de Paraná, donde se reclamaba la propiedad de la región. La Unión argumentó que se trataba de tierras devolutas, es decir, de dominio público y sin explotación privada.
El estado de Paraná no estuvo de acuerdo y apeló.
“Una gran victoria”
Finalmente, la Justicia determinó que la tierra tenía dueño desde hace mucho tiempo: en 1910, el gobierno nacional la entregó a un particular llamado Jesús Val, y en 1919, el estado de Paraná la compró y registró oficialmente como suya.
“El área en disputa fue donada por la Unión a un particular llamado Jesús Val en 1910. Nueve años después, el Estado compró el área a esta persona y la registró en el registro civil de Foz do Iguaçu, hechos reconocidos por los jueces del TRF [Tribunal Regional Federal de la 4ª Región]. Es una gran victoria para Paraná”, afirmó el fiscal del caso, Júlio da Costa Aveiro, en unas declaraciones que recoge O Globo.
El juez encargado del caso, Luiz Antonio Bonat, explicó que, como la tierra había sido otorgada a un propietario privado hace más de un siglo, ya no podía considerarse “tierra pública sin dueño”.
A pesar de este fallo, el gobierno federal sigue insistiendo en que, según la Constitución de 1988, las tierras cercanas a las fronteras deben pertenecer a la nación para garantizar la seguridad del país. Por eso, aún existe la posibilidad de nuevas disputas legales sobre este tema.
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