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Desde el pasado mes de octubre se han producido en el país más de 500 rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la nueva legislación.
La Audiencia Provincial de Sevilla, en España, ha rebajado cinco años la pena de un hombre que violó y mató a una anciana de 83 años, tras revisar la sentencia por la entrada en vigor de la ley conocida como del ‘solo sí es sí’ el pasado mes de octubre.
Se trata de una de las reducciones de condena más altas de las que se han producido tras la aprobación de la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, según recoge El Mundo.
En total, serían ya cerca de 560 las rebajas de penas producidas al albur de la nueva legislación, un goteo que desde octubre ha originado una gran polémica en el país, con la oposición política atacando con dureza la nueva norma y con el Ministerio de Igualdad, liderado por la ministra Irene Montero, sosteniendo que se está produciendo una incorrecta aplicación de la legislación.
Polémica reforma
La nueva ley fundió los antiguos tipos penales de abuso sexual y agresión sexual, que se diferenciaban esencialmente en que en el segundo debía mediar agresión o intimidación. Este hecho hacía que en muchas ocasiones la pena impuesta al agresor dependiera de la resistencia que oponía la víctima y que en otras tuvieran menor pena las agresiones a víctimas indefensas, como niños, disminuidos físicos y mujeres que habían sido drogadas.
Para evitarlo se creo un único tipo penal, con agravantes y atenuantes en función del hecho delictivo. Al abarcar un número de infracciones de distinto alcance, algunas de ellas de mucha gravedad y otras conductas leves, la horquilla de condenas se amplió, de manera que algunas de las penas mínimas se rebajaron, mientras que algunas de las máximas se ampliaron.
Debido al principio de retroactividad de las legislaciones más favorables al reo -no así de las que les serían más gravosas- se han producido en los últimos cinco meses una avalancha de peticiones de revisión de condena. Si bien la mayoría de ellas han sido rechazadas, más de 500 han sido concedidas.
Desde el Ministerio de Igualdad se alega que la legislación no se está aplicando correctamente, puesto que si la pena anterior podía ser impuesta con la nueva ley, no debería revisarse la condena, en su opinión. Una opinión que coincide con la de la Fiscalía, que envió una circular en este sentido en octubre.
Sin embargo, la polémica está haciendo mella en la opinión pública, en un año repleto de citas electorales, donde los ciudadanos serán llamados a las urnas en comicios municipales y regionales en mayo y en elecciones nacionales con toda probabilidad en diciembre.
El Partido Socialista quiere reformar la ley
En este escenario se ha producido un choque entre los dos socios del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Los primeros son partidarios de una nueva reforma del Código Penal para atajar lo que llaman efectos no deseados de la ley. En UP no son partidarios de ninguna reforma, toda vez que un endurecimiento de las penas no solucionaría la situación actual, porque no sería retroactiva, al ser más gravosa para el reo.
El PSOE ya ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para elevar algunas condenas, una propuesta que de momento no contaría con el apoyo de las fuerzas que avalaron la investidura del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, sí podría contar con el respaldo del Partido Popular, la principal formación de la oposición.
La ministra Montero, por su parte, lleva varias semanas llamando al diálogo en el seno del Ejecutivo. Su intención es no volver a incluir la violencia e intimidación en la norma de manera central y que el consentimiento siga siendo el corazón de una legislación que introdujo otras muchas novedades en materia de atención a las víctimas de violencia machista.
