La justicia francesa condenó este miércoles a seis meses de prisión firme al expresidente francés Nicolas Sarkozy en el marco del juicio en apelación por el caso de presunta financiación ilegal de su campaña electoral a la presidencia en el año 2012, cuando buscó la reelección.
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De acuerdo con medios internacionales, el Tribunal de Apelaciones de París consideró que existe evidencia del conocimiento del exmandatario sobre las facturas de su campaña. No obstante, emitió una condena inferior a la de primera instancia en 2021, la cual imponía un año de cárcel firme. Ahora Sarkozy deberá ir a prisión por seis meses y los otros seis quedarían en suspenso.
A su vez, fueron condenados, entre otros involucrados como parte del caso denominado Bygmalion, el exdirector adjunto de la campaña de Sarkozy, Jérome Lavrilleux, y el extitular de campaña, Guillaume Lambert, cada uno a dos años de cárcel con 18 meses suspendidos.
A French appeal court on Wednesday reduced prison time for former president Nicolas Sarkozy after his conviction for illegal campaign financing during his 2012 re-election bid.
A lower court had sentenced Sarkozy to one year in prison in the case, but the Paris court of appeal…
— CGTN America (@cgtnamerica)
February 14, 2024
Por su parte, el abogado del expresidente de 69 años, Vincent Desry, anunció tras la decisión que presentará un recurso ante la Corte de Casación mientras destacó que Sarkozy se considera inocente.
El otrora jefe del Ejecutivo galo, quien ocupó el Eliseo entre los años 2007 y 2012, aseguró que desconocía por completo las irregularidades en su campaña proselitista de cara a los comicios, en los que no fue reelecto.
Con el presente fallo del Tribunal de Apelación, Sarkozy tiene una pena conjunta de un año y medio de cárcel debido a que el año pasado se confirmó la sentencia de un año firme por otro caso, vinculado a tráfico de influencias.
Las investigaciones del caso Bygmalion revelaron que durante la segunda campaña de Sarkozy se gastaron casi 43 millones de euros, mucho más del límite legal de 22.5 millones. Para ocultarlo, se puso en marcha un sistema de doble facturación y, a través de acuerdos ficticios, se intentó cubrir parte del costo extra.
