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En la red estarían implicadas unas 50 personas, de las cuales 29 son funcionarios castrenses activos o pertenecientes a la reserva.
Investigaciones realizadas por la Fiscalía colombiana revelaron que durante la última década, efectivos del Ejército habrían sustraído armas y municiones de sus batallones con el propósito de vendérselas a grupos irregulares armados que operan en ese país suramericano, recoge un reportaje aparecido en el diario El Tiempo.
Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público, en la trama estarían involucradas unas 50 personas, incluidos 29 funcionarios castrenses activos y en reserva, que se habrían aprovechado de sus posiciones en la institución para apoderarse de pertrechos bélicos en diversas plazas militares dispersas por el territorio de la nación.
Las pesquisas están a cargo del fiscal anticorrupción Roberto Gordillo, quien en una serie de audiencias contra nueve imputados, celebradas a inicios del pasado noviembre, explicó que esta red ilegal de tráfico de armas tiene acceso a municiones, fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, y sus actividades se distinguen claramente del tráfico ocasional de armamento.
“Cuando se habla de un grupo organizado, no se trata de un tráfico de armas en eventos aislados, de unas situaciones de flagrancia, de que hayan capturado a un soldado o sargento sacando unas partes de fusiles para venderlas en la calle”, puntualizó Gordillo en una de las audiencias a las que tuvo acceso el referido medio.
En su decir, en este caso “se trata de una organización muy bien estructurada, de personas que se conocen, que tienen una relación permanente y unos contactos para organizar la forma en la que se sustraen todas estas armas, sus partes y sus municiones, a quiénes se las venden”.
Por su lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió ante los periodistas que estaba al corriente de la situación, que calificó como “inadmisible”. “Resulta inadmisible que, como tuvimos oportunidad de conocerlo recientemente, integrantes de las Fuerzas Militares estén en tráfico de municiones, entregándole al enemigo las armas con las que matan a sus propios compañeros”, declaró el funcionario.
De acuerdo con lo referido por la Fiscalía, el grupo ha logrado permear las estructuras del Ejército, sumando a su causa a soldados, cabos y sargentos que tienen a cargo la información de inventarios para alterar los reportes por medio de distintas tretas, que abarcan opciones como la falsificación de documentos, la alteración de cantidades, el cambio de piezas originales por chatarra y el reporte de faltantes que nunca se produjeron.
“Puede que durante un entrenamiento a quienes están haciendo el curso militar, se vayan a hacer disparos con municiones de fusiles, y resulta que a cada personal se le entregan 20 municiones para disparar, pero solo disparan cinco. ¿Qué pasa con las otras 15? Se van al tráfico de armas y en las actas se dice que dispararon 20. Las otras 15 originales entran a ese comercio ilícito”, ilustró el fiscal.
