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Las sanciones se refieren a una regla que impide realizar ciertas actividades dentro de un perímetro de 200 metros alrededor de las clínicas de abortos.
La nueva Ley de Servicios de Aborto de Escocia, que entró en vigor el mes pasado, podría penalizar a quienes practiquen oraciones o rezos dentro de sus hogares, según una carta enviada a ciertos residentes de Edimburgo y dada a conocer al periódico The Telegraph.
La misiva fue dirigida específicamente a quienes viven dentro de las denominadas por la legislación como “zonas de acceso seguro”, un territorio de 200 metros alrededor de las clínicas de aborto en todo el país, dentro del cual está prohibido hacer “cualquier cosa” que pueda ser considerada “acoso” o pueda provocar “alarma” o “angustia” al personal y a los pacientes.
Las directrices del Gobierno consideran la “predicación religiosa” y las “vigilias silenciosas” como ejemplos de actividades vetadas dentro de dichas áreas si se llevan a cabo con “intención o imprudencia”. Por tal motivo, se advirtió a sus habitantes que podrían enfrentarse a un proceso penal por tales acciones, incluso en sus hogares. De acuerdo con la carta, las infracciones leves a la ley podrían resultar en multas de hasta 10.000 libras esterlinas (unos 13.000 dólares), y las graves en una sanción económica ilimitada.
La nota detalla que “en general, las infracciones se aplican en lugares públicos dentro de las zonas de acceso seguro. Sin embargo, las actividades que se realizan en un lugar privado (como una casa) dentro del área comprendida entre las instalaciones protegidas y el límite de una zona podrían constituir un delito si pueden verse o escucharse dentro de la zona y se realizan de manera intencional o imprudente”.
“Siniestro y profundamente orwelliano”
Activistas provida y en contra del aborto aseguraron a The Telegraph que temen que su expresión religiosa se vea restringida. “Como cristiana, rezo todo el tiempo. Pensar que esto ahora podría ser un delito penal, incluso en las inmediaciones de mi propia casa, es realmente increíble”, dijo una joven residente de Edimburgo.
En opinión de Michael Robinson, director ejecutivo de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos, controlar y regular la actividad religiosa en la propiedad privada es una decisión “siniestra y profundamente orwelliana”. Asimismo, Andrea Williams, directora ejecutiva del movimiento cristiano Christian Concern, afirma que estas leyes son “regresivas” y suponen una forma de “extralimitación del Estado”.
Al respecto, un portavoz del Gobierno escocés recalcó que la ley “no criminaliza ningún comportamiento en particular, incluida la oración” y que las zonas de acceso seguras están diseñadas para “salvaguardar el derecho de la mujer a acceder a la atención sanitaria”.
