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La noche del martes se venció el plazo para que la firma beneficiada hiciera un pago inicial.
En Ecuador se dio por terminada la polémica generada por la adjudicación a un consorcio extranjero, de forma directa y sin concurso, para la explotación del campo petrolero Sacha, que se encuentra en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia amazónica de Orellana.
La entrega se cayó luego de que el martes a las 21:00 [hora local] se venciera el plazo dado por el mandatario, Daniel Noboa, para que el consorcio, denominado Sinopetrol y con participación china y canadiense, pagara un bono inicial de 1.500 millones de dólares.
“No hay nada más que hablar, sencillamente el plazo se les venció (…) Era hasta ayer, 09:00 de la noche, (a las) 09:01 no hubo el tema de la prima”, dijo la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, en entrevista con Ecuavisa la mañana de este miércoles.
La administración de Noboa había llegado a un acuerdo preliminar con el consorcio, integrado por las empresas Amodaimi Oil Company y Petrolia —la primera filial de la empresa china Tiptop, de propiedad de Sinopec, y la segunda parte de la compañía New Stratus Energy, con sede en Canadá— para entregarles el campo Sacha, considerado “la joya de la corona” de Ecuador, al ser el más productivo del país, representando el 16 % de la producción petrolera nacional. Este bloque hasta ahora es operado por la estatal Petroecuador.
El Gobierno justificó esa decisión mencionando que el campo requiere inversiones y que el Estado no tiene recursos. La semana pasada, Manzano comentó que “mucho se ha dicho” que el campo Sacha “es la joya de la corona”, pero, a su juicio, “es una joya oxidada y las joyas hay que pulirlas”.
Críticas, denuncias y protestas
La adjudicación generó críticas y protestas por parte de varios sectores políticos y gremiales en el país suramericano. Por ejemplo, desde la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) denunciaron que con la adjudicación, “87 de cada 100 barriles irán a manos privadas”, por lo que el país perdería 8.000 millones de dólares durante 20 años.
El martes, además, hubo una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio de Energía y Minas, en el norte de Quito.
La semana pasada, la bancada parlamentaria de la izquierdista Revolución Ciudadana (RC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este caso, señalando los presuntos delitos de “tráfico de influencias y peculado”.
