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Una ola de movilizaciones de agricultores sacude Europa. Esta semana, los productores españoles paralizaron todo el país con cortes y bloqueos en la mayoría de las regiones del país ibérico. Del mismo modo, se han visto filas de cientos de tractores desfilando por las calles de París, Bruselas y Berlín.
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Los manifestantes reclaman ante la baja rentabilidad de sus productos en un contexto inflacionario, exigen medidas proteccionistas ante la importación desde países extracomunitarios y rechazan las exigencias ambientales y trabas burocráticas impuestas por la Comunidad Europea.
Estas reivindicaciones intentan ser capitalizadas por partidos de ultraderecha que comparten iniciativas como la derogación de la Agenda 2030 o la eliminación de leyes ambientales y de protección de especies.
Sin embargo, la crisis a la que se ven expuestos los productores agrarios europeos coincide con la liberalización del mercado y la destrucción del sistema de regulación del agro europeo que es defendido por estos partidos.
#ESPAÑA �� Los agricultores españoles siguen en huelga y hoy han cortado la frontera con #Francia, los principales acceso a Sevilla y el Puerto de Motril ���� Piden igualdad de condiciones a la UE con los productores de países terceros pic.twitter.com/pO95flWwwd
— Sergio Rodrigo (@SRodrigoteleSUR)
February 14, 2024
1.- Neoliberalismo verde
“Desde hace más de 30 años se ha liberalizado completamente la agricultura y toda la economía alrededor de la agricultura; entonces como campesinos y campesinas tenemos que producir con el precio más barato posible y estamos con un nivel de competición muy alta”, señaló a teleSUR la coordinadora general de La Vía Campesina y miembro de la Confederación Campesina de Francia, Morgan Ody.
Según Ody, esta desregulación se traduce en “una agricultura con muchas desigualdades y una pequeña minoría del agronegocio muy capitalizado con financiarización muy alta”.
De hecho, los grandes beneficiados del actual modelo agrario son las corporaciones agroalimentarias y los grandes distribuidores de alimentos, muchas de las cuales rinden regalías a fondos especulativos de inversión.
En ese sentido, el profesor de Geopolítica argentino y autor del libro “Geopolítica de los alimentos”, Juan José Borrell, explica que “las crecientes normativas ambientales y de presión fiscal no se contraponen a una liberación del mercado, sino que son el medio para lograr dicho aperturismo. Son la herramienta para socavar la resistencia del capital local para el ingreso del gran capital transnacional”.
Para Borrell, tanto el ecologismo como el neoliberalismo son “hijos de la globalización, de la apertura de mercados, la financiarización de la economía, y los frenos a la capitalización genuina”.
Según destaca el catedrático, las “políticas verdes” son utilizada por el Foro Económico de Davos para frenar el desarrollo de las países emergentes mientras “concentran las mega-corporaciones que dominan la economía mundial y las potencias no desguazan su infraestructura energética-industrial, caso de Estados Unidos (EE.UU.), Inglaterra, China, o Rusia, ni tampoco grandes productores hidrocarburíferos como Arabia Saudita, Canadá, o Irán”.
2.- La liberalización de la Política Agraria Común
Una sigla presente en todas las manifestaciones es la de la PAC, Política Agraria Común. Se trata de un conjunto de normativas y regulaciones que rige en toda la Comunidad Europea en el ámbito de la agricultura.
Creada en 1962, durante el periodo de Guerra Fría, nació con el objetivo de garantizar la alimentación a un precio moderado, a la vez que era parte de “un modelo macro para una Europa federal, autónoma, de distribución y permanencia de la población en el territorio; donde las naciones europeas perseguían un margen de acción respecto a Washington con un modelo de producción autónoma y crecimiento propio”, apunta el doctor Borrell.
Es por ello que en un inició la PAC se valía de un conjunto de herramientas de intervención en el mercado, como políticas de precios garantizados para productores, compra de excedentes y mecanismos de gestión de la oferta.
Sin embargo, en 1992, tras la caída de la Unión Soviética y el auge neoliberal, se aplicaron una serie de reformas con el objetivo de reducir el presupuesto global y abandonar la política de precios garantizados ilimitados.
En ese sentido, se pasa de regulación del mercado a un sistema de ayuda directa a la renta o subsidios a los agricultores a la vez que se por primera vez se incluyen obligaciones para la protección del medio ambiente.
Ody señala que “teníamos muchos mecanismos que ayudaban a tener precios ligados a los costos de producción, pero todo eso se terminó después de la creación de la Organización Mundial del Comercio”.
El eje principal de la reforma, el paso de la intervención a los mercados a la entrega de una ayuda individual con el fin de favorecer la competitividad del agro europeo a nivel global. En ese sentido, la entrega de subsidios obedece a la cantidad de hectáreas de cada núcleo productivo sin considerar la calidad del núcleo productivo, lo cual favoreció al extractivismo, el latifundio y la producción intensiva.
El resultado es contundente. La Oficina de Estadísticas Europea (Eurostat) señaló que en 2020 ya había 5,3 millones de explotaciones agrícolas menos que en 2005, lo que implica un decrecimiento de un 37 por ciento en un periodo de 15 años.
3.- Aplicación del Pacto Verde Europeo
En tanto, en 2019 la Comunidad Europea, con el Acuerdo de París como marco, adoptó el Pacto Verde que implica una serie de compromisos para la protección ambiental que se tradujo en un aumento de las exigencias a los productores en cuanto a trámites y uso de fertilizantes y agroquímicos y la reducción de emisiones de carbono.
La decisión de la Comisión Europea de iniciar una transición a una agricultura más sostenible es acertada, para Morgan Ody, “porque el cambio climático lo vivimos en nuestras fincas, porque yo conozco muchos de mis vecinos agricultores que tienen problemas de salud por el uso de pesticidas”.
Sin embargo, la coordinadora de la Vía Campesina sentencia que “no se puede efectuar una transición agroecológica produciendo el máximo posible”, en referencia a la contradicción central de la normativa, que plantea un modelo regido por la maximización de ganancias, optimización de la renta y aumento de la competitividad a nivel internacional a la vez que aumenta las exigencias para la producción y mayores costos.
4.- Contexto internacional
En tanto, la crisis del agro europeo también se relaciona con las decisiones del conglomerado de países europeos con respecto a la política internacional.
De hecho, el primer foco de protestas campesinas fue protagonizado por agricultores polacos que se oponían a la apertura a los productos ucranianos de parte de la Comunidad Europea en el contexto del conflicto en ese país. El ingreso de las exportaciones de Ucrania deja fuera de mercado los productos de muchos que deben cumplir con múltiples restricciones y obligaciones.
A la vez, las sanciones tomadas por la Unión Europea (UE) contra Moscú, han provocado un aumento en los combustibles e insumos para la producción a nivel global, lo cual afecta gravemente la ajustada ecuación de los productores europeos.
Borrell apunta que “las medidas punitivas de la UE contra Rusia por mandato de la OTAN, generaron como reacción un corte de la comercialización y encarecimiento del gas y urea importado a Europa. Es decir, el europeo de a pie que no está necesariamente en guerra con Rusia, paga más caro y sufre restricciones del suministro energético por una estrategia diseñada a varios miles de kilómetros en Washington”.
5.- Tratados de Libre Comercio
El otro factor de rechazo es el ingreso de mercancías de países no comunitarios habilitado bajo el régimen de Tratados de Libre Comercio que habilitó el ingreso de mercancias de países como Marruecos, Chile o Canadá. Mientras se discute un Tratado de Libre Comercio con el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Ody señala que este tipo de acuerdos, pensados únicamente desde una lógica comercial, pone en competencia a los productores de Europa con productores de otras regiones y, en esa situación “pierden los dos pueblos”.
6.- Intermediarios
Otro factor relevante considerado por la coordinadora general de La Vía Campesina, Morgan Ody, es la concentración en la distribución de los alimentos, “la inflación que pagan los consumidores alimentarios ahora en Europa ha llegado a 24 por ciento”.
“Sin embargo, los precios para los agricultores no suben y la ganancia se la quedan los intermediarios: el sector financiero, el sector que concentra la distribución y el agronegocio, que ganan un montón de dinero por comprar a precios bajos y vender a precios mucho más altos”, dijo.
Un reciente estudio de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre en Francia señala que, en 2001, se pagaba a los productores de leche 0,25 euros por un litro, mientras que en 2022 bajó a 0,24. En tanto, el precio del litro de leche en los supermercados subió de 0,53 a 0,83.
Las conclusiones del estudio son contundentes, mientras que en 20 años los tamberos redujeron en un 4 por ciento su rentabilidad; “la gran distribución” aumentó sus ganancias en un 188 por ciento y la industria alimentaria en un 64 por ciento.