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Según la Fiscalía, los congresistas habrían recibido coimas para agilizar reformas en el Legislativo.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció este martes que está en marcha una investigación formal contra el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, a quienes se sindica de estar vinculados con hechos de corrupción.
Al senador Name y al representante Calle se los investigará por cohecho (pago de sobornos) y peculado por apropiación en favor de terceros. De acuerdo con los hallazgos de la Sala de Instrucción, los dos congresistas “habrían intervenido” en la adjudicación irregular de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGDR), refiere un comunicado publicado por el máximo tribunal neogranadino.
“Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad, Sneyder Pinilla Álvarez. Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, detalla el texto.
El dinero obtenido a través de las coimas “habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023”, especifica el documento.
El Supremo colombiano comunicó asimismo que “se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la posibilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública”, por lo que ambos serán “citados a indagatoria” y la Policía Judicial fue autorizada para practicar “otras pruebas”.
La trama
El escándalo de corrupción en la UNGDR estalló cuando Pinilla admitió que formaba parte de un esquema de corrupción en el que se entregaron sobornos a parlamentarios para agilizar las reformas que tramitaba el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Legislativo.
Según sus palabras, los fondos procedían de un contrato otorgado a una compañía que vendió con sobreprecio 40 carrotanques para mitigar la falta de agua en el departamento de La Guajira, pero estos nunca entraron en funcionamiento.
De acuerdo con la acusación, aparentemente se malversaron unos 46.800 millones de pesos (aproximadamente 11,7 millones de dólares), de la que el contratista implicado en la compra, Luis Eduardo López, obtuvo el 13 % de comisión.
En lo que atañe a Name y Calle, el Ministerio Público asegura que recibieron de manos de López y Pinilla una parte de los 5.342 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) conseguidos por medio de sobornos.
Esta trama estremeció al Gobierno de Petro, porque también alcanzó a Carlos Ramón González, expresidente del Departamento Administrativo de Presidencia y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, a la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; su exasesora María Alejandra Benavides; y al exdirector del Departamento de Función Pública César Manrique.
