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Los familiares de Pablo González denuncian la incomunicación en la que se encuentra y el casi continuo silencio institucional. Al mismo tiempo, solicitan que se respeten los derechos fundamentales.
En el marco de la crisis ucraniana, uno de los mayores bochornos sobre la libertad de expresión en la Unión Europea cumple un año.
El periodista español Pablo González fue arrestado en febrero de 2022 por los Servicios de Seguridad Interior de Polonia, acusado de ser espía ruso. González nació en Moscú, pero a los 9 años se trasladó con su madre a vivir a España, por lo que tiene doble nacionalidad, dos pasaportes y dos nombres distintos: Pavel y Pablo, hecho que les generó dudas a las autoridades polacas, que sospechan de sus datos de identificación.
Actualmente, González se encuentra en una cárcel a 100 kilómetros de Varsovia, donde pasa 23 horas encerrado en una celda y solo puede salir una hora al día, pero no ver a ningún otro recluso. Además, no se le permite hacer ni una llamada a su pareja, Oihana Goiriena, e hijos.
Goiriena asegura que lo más difícil es la incomunicación y la necesidad de explicar la situación a tres niños menores “que no entienden cómo es posible que no puedan hablar con su padre”.
Durante este año de prisión, diferentes organizaciones de periodistas llevaron a cabo protestas pidiendo por la libertad de González. Sin embargo, las manifestaciones no han sido ni multitudinarias ni han tenido mucho eco en los medios de comunicación, por lo que algunos de sus colegas y amigos han criticado la falta de solidaridad.
Juan Teixera, compañero del periodista, calificó la situación de González como “una auténtica barbaridad” y un atropello total y absoluto a sus derechos y a la libertad de expresión.
Por su parte, Polonia continúa indagando sobre las dos nacionalidades de González, mientras su defensa recalca que todas esas dudas ya han sido aclaradas y sin embargo, un año después, el periodista sigue en prisión sin ningún cargo.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostienen que respetan a la Justicia polaca. Sánchez ha asegurado que el reportero recibe asistencia consular y que desde el Ministerio y el Gobierno permanecen pendientes y siguen el caso con suma atención.
Sin embargo, los familiares de González afirman que lo más duro es convivir con el casi continuo silencio institucional y piden que se respeten los derechos fundamentales.
