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El Gobierno de Javier Milei denunció a la expresidenta por “estafa y defraudación al Estado”.
El Gobierno de Argentina denunció este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica, abriendo un nuevo desafío judicial para la líder del peronismo.
La acusación se hizo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
En el documento, se advierte que Fernández de Kirchner recibe bonificaciones irregulares en sus “asignaciones de privilegio”, debido a que presentó su domicilio como Zona Austral, cuando reside en la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Capital Humano denuncia a Cristina Fernández de Kirchner por presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica. pic.twitter.com/IkhXgn3d5d
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 4, 2025
La política opositora, quien fue jefa del Ejecutivo durante dos mandatos (2007-2015), recibe una asignación mensual vitalicia como exmandataria, y otra como viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Domicilio en duda
El adicional para asignaciones de la ANSES está destinado exclusivamente a personas que residen en la Patagonia, conformada por las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, según establece la ley N° 19.485.
La familia Kirchner proviene de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, donde aún conservan domicilio y propiedades. Sin embargo, Cristina Fernández también habita un departamento en el barrio de Recoleta, en la Capital Federal. La denuncia sostiene que cuando la dirigente cobraba esos beneficios y adicionales, su residencia efectiva se encontraba en Buenos Aires.
“Berreteada”
Tras la decisión de la Casa Rosada, la presidenta del Partido Justicialista (PJ) se pronunció a través de la red social X con un duro mensaje dirigido directamente al jefe del ejecutivo, Javier Milei, a quien definió como un “cachivache”.
Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2025
En el posteo, Fernández le explicó a Milei que el domicilio es el que figura en el documento nacional de identidad (DNI), el que está declarado en el padrón de votación y la residencia donde llegan los impuestos. Por eso, consideró que la acusación es una “berreteada” (en Argentina, se le llama ‘berreta’ a algo de mala calidad).
“Desde que me fui de La Plata a vivir a Santa Cruz en 1976 y mi domicilio pasó a ser Río Gallegos, nunca más lo cambié ni lo cambiaré“, dijo la dirigente opositora. Y acusó al líder libertario de perseguir judicialmente a sus rivales políticos, “al igual que (Mauricio) Macri”.
“Como es de público y notorio, a partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre del 2023 y por lo tanto, como es obvio, estuve gran parte del tiempo en Capital Federal”, aclaró en el texto.
Jubilación suspendida
En noviembre pasado, el Gobierno de Javier Milei decidió quitarle la asignación mensual vitalicia y la pensión por viudez a Fernández de Kirchner, al considerar que es “indigna” de cobrar ese derecho por haber sido condenada en una causa por presunta corrupción.
No obstante, esa sentencia aún no está firme, ya que debe ser revisada por la Corte Suprema, última instancia de apelación de la exmandataria, que ha solicitado que la pena sea anulada por diversas irregularidades durante el juicio. Asimismo, familiares de otros expresidentes como Carlos Menem (1989-1999) siguen cobrando la asignación, a pesar de que el fallecido político riojano también fue condenado.
Este martes, la ANSES rechazó el pedido de Cristina Fernández para continuar cobrando la jubilación de privilegio, informó La Nación. Tras la respuesta negativa del organismo, probablemente la exvicepresidenta judicialice el conflicto por el beneficio.
