Una nueva presidenta del CGPJ: ¿Fin de la lucha de poder tras el bloqueo judicial en España?

Un mes después de que se cumpliera el plazo legal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, el órgano de gobierno de los jueces, ya tiene por fin nueva Presidencia. La elegida por una amplia mayoría ha sido la jueza del Tribunal Supremo Isabel Perelló.

16 de los 20 vocales que componen el órgano, 10 progresistas y otros 10 conservadores, dieron por fin el visto bueno, después de que los siete candidatos propuestos la semana pasada fueran rechazados.

Esta elección parece poner fin a la lucha de poder entre partidos políticos, principalmente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder, y el Partido Popular (PP), en la oposición; y entre los bloques conservador y progresista del ámbito judicial, que mantuvieron bloqueada la justicia española durante más de cinco años.

¿De vuelta a la normalidad?

La elección de este cargo no es ni mucho menos simbólica y puede representar la vuelta a la normalidad de su funcionamiento tras más de un lustro de anomalías, marcado por el bloqueo impuesto por el PP, que durante todo ese tiempo se negó a su renovación.

Durante este periodo ha aumentado el desprestigio de una institución que antiguamente era ampliamente valorada positivamente por los españoles y lo hace con la primera mujer en la historia en presidir este órgano.

En estos años, el PSOE, en el poder desde mediados de 2018 -seis meses antes de que caducara el mandato de los 20 vocales que por fin fueron renovados hace menos de dos meses, con más de 2.000 días de retraso- fue limitando el poder del CGPJ con el objetivo de forzar el acuerdo con el partido mayoritario de la oposición.

¿Quién es Isabel Perelló?

Hasta ahora Perelló ejercía en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, así como contra otros órganos constitucionales del Estado, como el Congreso y el Senado.

Allí llegó en 2009 después de una década en la Audiencia Nacional y de haber ejercido como letrada del Tribunal Constitucional, entre otros cargos desempeñados en una dilatada carrera que comenzó en 1985.

Se considera que tienen un perfil progresista y lleva décadas afiliada a la asociación profesional Juezas y Jueces por la Democracia.

Su influencia puede ser decisiva en numerosas cuestiones, toda vez que la Presidencia cuenta con un voto de calidad, más aún en un escenario en el que los dos bloques de sensibilidades se encuentran igualados en cuanto al número de vocales.

¿Qué cambia a partir de ahora?

La figura de la Presidencia del CGPJ, que también preside el Tribunal Supremo, tiene una enorme importancia, no solo por manejar los 80 millones de euros de presupuesto que tiene la institución, sino, sobre todo, porque el órgano se encarga de elegir a los más altos cargos de la carrera judicial, así como de sancionar las infracciones de los jueces.

Precisamente ahora se debe afrontar la renovación de un centenar de magistrados de las cúpulas judiciales. Especialmente relevante es el caso del Tribunal Supremo, donde un tercio de su personal se encuentra vacante, debido al veto a los nombramientos impulsado por el Gobierno mientras el CGPJ se encontrase en funciones.

Las decisiones se toman por mayoría, en ocasiones de tres quintos y en otras por mayoría simple, este último escenario donde cobra importancia el voto de calidad de la presidenta para el desempate.

Sin embargo, la presidencia tiene algunas competencias en exclusiva. Así, es quien decide cuándo se convocan los plenos y cuál es el orden del día. Además, decide quiénes son los ponentes de los dictámenes sobre leyes del Gobierno y decide qué magistrado del Supremo es el responsable de autorizar entradas en domicilios o escuchas telefónicas solicitadas por el Centro nacional de Inteligencia (CNI).

¿Por qué del bloqueo histórico?

El bloqueo al que ha estado sometido este órgano ha sido histórico por su duración, si bien no ha sido el primero desde que se reinstauró la democracia en el país.

Desde entonces el CGPJ se ha renovado cada vez que el PP ha estado en el Gobierno, mientras que ha sufrido bloqueos cuando el PSOE ha accedido al poder.

El motivo es que su renovación requiere de dos quintos de los diputados del Congreso, lo que hasta ahora ha hecho imprescindible el concurso de los dos grandes partidos políticos nacionales. El espíritu de la Constitución pretendía que el poder judicial, que también emana del pueblo, representase la sensibilidad política de la ciudadanía de cada momento.

Sin embargo, no existe ninguna norma coercitiva que impida el bloqueo por parte de una fuerza política, algo que hasta ahora se ha utilizado para conseguir una afinidad ideológica mayoritaria en el órgano que nombra puestos clave, como aquellos que deben juzgar a los propios políticos por corrupción o que resuelven sobre polémicas leyes.

En esta ocasión se ha roto la dinámica imperante hasta ahora en la que lo habitual era que la presidencia ya llegara pactada por los dos grandes partidos, aunque el nombramiento se hiciera formalmente por los vocales del CGPJ.

El nombramiento, si bien tarde, como todo lo relacionado con el funcionamiento de la justicia española, llega, ultimátum del presidente del Gobierno Pedro Sánchez mediante, justo a tiempo, dos días antes de que se celebre el acto solemne de Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, donde la nueva presidenta deberá dar un discurso ante el rey Felipe VI y el resto de autoridades del país.

Durante los últimos cinco años esas palabras fueron pronunciadas por un presidente en funciones que, una y otra vez, urgía a la renovación de una institución constitucional tan importante como esta.