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Caracas apuntó directamente a la participación de agencias estadounidenses en la protección a presuntos conspiradores.
El canciller venezolano, Yván Gil, acusó este martes al Gobierno de EE.UU. de “proteger y amparar” a personas señaladas por la justicia local de conspirar contra la vida de altos personeros, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, y de “desestabilizar” el país suramericano “a través de la violencia” y ” el asalto terrorista a unidades militares, en una lista larga de barbaridades extremistas”.
“Hoy, el Gobierno de los EE.UU. sale a proteger y amparar a los terroristas, quienes han confesado sus crímenes y las órdenes que recibían para dañar a nuestro pueblo. Son cómplices de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Venezuela”, reza parte del mensaje que escribió el diplomático en su cuenta de X.
Gil también aludió a la aparente participación de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por su sigla en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA) en los planes para deponer a Maduro. De acuerdo con Caracas, en 2023, mientras se producían los diálogos con el Gobierno de Joe Biden y el sector ultraderechista de la oposición, se urdían planes para expulsar a las autoridades venezolanas por medios violentos.
“Profundamente preocupados”
El mensaje de Gil es una respuesta a las declaraciones que ofreció más temprano el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, en relación con la detención de la abogada Rocío San Miguel, aparentemente implicada en la trama magnicida ‘Brazalete Blanco’ que investiga el Ministerio Público local.
“Somos conscientes de los informes de Rocío San Miguel y creo que algunos miembros de su familia han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso“, sostuvo Kirby al ser inquirido por la prensa sobre el tema.
Empero, el vocero aclaró que no entraría “en especulaciones sobre qué sucedió exactamente” o lo que la Administración Biden podría hacer al respecto, si bien subrayó que desde Washington están observando el caso “muy de cerca” y están “profundamente preocupados” por el arresto de San Miguel.
El funcionario inscribió sus comentarios dentro de lo que, para las autoridades estadounidenses, implica el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados suscritos en octubre entre el Ejecutivo de Venezuela y el ala extremista de la oposición.
“Este es un momento en el que, como he dicho antes, el señor Maduro necesita cumplir con los compromisos que hizo en el otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos, así como a los partidos de oposición e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse para un cargo. Tienen que cumplir con esos compromisos”, sostuvo al respecto.
“Feroz campaña”
De su parte, la Fiscalía venezolana solicitó la privación de libertad contra San Miguel, a la que se sindica, entre otros delitos, de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, mientras que Alejandro José Gonzáles De Canales Plaza, fue acusado de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
En un comunicado, el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, denunció la existencia de “una feroz campaña” coordinada desde el extranjero, “en contra del sistema de justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de Occidente”.
A su parecer, estos ataques pretenderían “generar impunidad“, al “deslegitimar las acciones” que adelantan las autoridades de Venezuela sobre estos casos y con las que se persigue “combatir la violencia y el terrorismo”.
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