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El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, hizo hincapié en la necesidad de “cambiar de fondo” el andamiaje de los partidos para terminar con la corrupción.
Un grupo de congresistas del Pacto Histórico, la alianza izquierdista que llevó a Gustavo Petro al poder, radicó un proyecto legislativo que busca instaurar el voto obligatorio en el país y el financiamiento 100 % estatal en las campañas, entre otras modificaciones.
Según El Espectador, Alirio Uribe, que encabeza la iniciativa, explicó que lo que se pretende con el voto obligatorio es que se pueda objetar a conciencia sobre los candidatos y evitar sanciones.
“Es decir, si se es elector en Bogotá y hay tres candidatos y ninguno convence, las personas pueden, en un plazo anterior a la elección, declararse objetores y, en ese caso, no tendrían ninguna sanción”, comentó Uribe.
El texto también garantiza “no imponer sanciones o consecuencias negativas de ningún tipo para la ciudadanía que por fuerza mayor no pueda ejercer el voto”. El documento destaca que en Colombia existe “una problemática asociada al abstencionismo muy profunda” y que el voto obligatorio puede ser una herramienta “para combatirlo”.
¿Y el transfuguismo?
Otro de puntos claves del proyecto, firmado por 18 congresistas, es la legalización del transfuguismo, es decir, que los congresistas puedan cambiarse de partido sin recibir sanciones, y que la financiación de las campañas sea 100 % estatal.
“Las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas completamente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral y la franquicia postal”, se puntualiza.
Además, con el objetivo de promover la renovación política y limitar la permanencia en el poder, se establece un límite de tres periodos consecutivos para la reelección en el Senado o en la Cámara de Representantes.
También se exige el cambio de las edades para ser elegido representante a la Cámara y senador de la República desde los 18 años (actualmente es de 25 años), así como la conformación de listas cerradas para aspirar a corporaciones públicas, como el Congreso.
“Las listas cerradas son esenciales para garantizar procesos electorales más transparentes, y de menor costo para los candidatos. Son la garantía, además, de que la ciudadanía identifique claramente cuáles son las plataformas ideológicas que respalda en cada elección”, explicó el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, la semana pasada, cuando se presentó el texto.
“Si no cambiamos de fondo el sistema político, la lucha contra la corrupción es un saludo a la bandera”, agregó en esa oportunidad. El proyecto deberá superar ocho debates y, de ser aprobado, entrará en vigencia a partir de las elecciones del 2030
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