Se cumplen dos años de las protestas que dejaron 50 muertos y más de 1400 heridos bajo el gobierno de Dina Boluarte.
Diversos organismos internacionales condenaron la represión estatal, denunciando un sesgo racista y una estrategia deliberada contra comunidades campesinas. A pesar de algunos avances judiciales, la falta de justicia efectiva y atención médica sigue siendo alarmante. Las víctimas permanecen en el abandono. Además, el Congreso impulsa leyes que restringen derechos fundamentales, dificultando aún más el acceso a la justicia. La comunidad internacional exige investigaciones y acciones contra los responsables, destacando la incapacidad del gobierno para atender estas demandas.
A dos años de las protestas que estallaron tras la llegada al poder de Dina Boluarte, organismos internacionales critican la represión que dejó 50 muertos y 1,400 heridos, denunciando un sesgo racista y la falta de justicia. Las víctimas siguen desatendidas, mientras el Congreso aprueba medidas que restringen derechos.
Según la Fiscalía, las más altas autoridades del gobierno pudieron haber evitado los crímenes ocurridos, lo que pone en entredicho el discurso del gobierno peruano sobre derechos humanos y su falta de acción para garantizar justicia.
En el contexto de un gobierno marcado por la represión y la falta de justicia, Dina Boluarte abordó la temporada de lluvias en Perú, destacando la respuesta del gobierno ante los huaycos, aunque también cuestionó a los funcionarios encargados de gestionar la crisis.
Dina Boluarte cerró el 2024 con nuevas investigaciones y alcanzó la mayor desaprobación de su gestión, reafirmando su posición como la presidenta menos popular de Sudamérica.
Aarón Rodríguez, Lima.
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