Organizaciones sociales de Ecuador prosiguen la ola de protestas en rechazo a la iniciativa de construir una cárcel de máxima seguridad en la comunidad de Archidona.
Las manifestaciones contra ese proyecto del gobierno de Daniel Noboa han aumentado en los últimos 15 días, cuando han ocurrido paros y bloqueos de carreteras en Ecuador, como muestra del desacuerdo de la ciudadanía contra la edificación de una mega-cárcel en el asentamiento amazónico de Archidona.
Las organizaciones sociales exigen la atención del presidente del país, y han afirmado en tal sentido que los pueblos y nacionalidades amazónicas lucharán “hasta las últimas consecuencias”.
Bajo la consigna “Únete pueblo, únete a luchar contra este gobierno antipopular”, los habitantes de esa comunidad amazónica marcharon en repudio a la prisión, porque creen que podría incrementar la violencia y también afectar el turismo y el comercio.
El domingo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE por sus siglas) alertó que cinco camiones militares llegaron a Tena, ciudad de la selva amazónica y capital de la provincia ecuatoriana de Napo, y exhortaron al presidente Daniel Noboa que “se abstenga de reprimir al pueblo” y atienda las demandas de las comunidades.
A su vez, en la madrugada del lunes, comunidades indígenas de la vecina provincia de Pastaza se sumaron a las protestas y bloquearon una carretera clave de la región. Los manifestantes avisaron que las acciones de Pastaza se replicarán y que las provincias “seguirán elevando su voz”.
En la tarde del lunes otras organizaciones sociales también se unieron oficialmente al paro en respaldo a la provincia de Napo. El mensaje de las movilizaciones es un NO rotundo a la cárcel de máxima seguridad en la Amazonía.
De acuerdo con las comunidades indígenas, la cárcel de Archidona será la causante de la pérdida de ecosistemas, zonas educativas y al menos 90 por ciento de la economía local de la zona.
El gobierno de Daniel Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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