La Cancillería chilena presentó ante la CIJ su escrito de intervención en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre el genocidio en la Franja de Gaza.
“En la intervención nacional se sostiene que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), debería dar especial importancia al contenido de las declaraciones de algunos funcionarios públicos israelíes de alto nivel, que han hecho llamamientos a matar a todas las personas que viven en Gaza o a ignorar su estatus civil”, indicó el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, mediante un mensaje emitido en su cuenta de X.
La declaración se presentó, de acuerdo al Estatuto de la CIJ, que “establece el derecho de cualquier Estado a intervenir en un proceso ante dicho tribunal”, señaló la nota, entregada por el embajador de Chile en los Países Bajos, Jaime Moscoso.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha sido crítico con Israel, anunció en junio que apoyaba la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y en julio secundó la opinión consultiva de la corte de que Israel es una potencia ocupante y reconocida como un sistema de apartheid.
“El Gobierno de Chile expresa su confianza y respaldo en el trabajo de la CIJ en materia de derecho internacional, así como en su interpretación y calificación de las obligaciones contenidas en la citada Convención”, reiteró Cancillería.
Con casi medio millón de habitantes, Chile tiene una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe.
En este sentido, Boric es un reconocido defensor de la causa Palestina, aunque siempre ha rechazado la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Israel.
La Corte Internacional de Justicia ya ordenó “medidas provisionales” contra Israel en dos ocasiones. En enero, los jueces dictaminaron que Israel debía hacer todo lo posible para garantizar el abastecimiento de la población palestina y evitar víctimas civiles. En marzo, la CIJ reiteró y endureció sus órdenes porque, según Naciones Unidas, la situación de la población civil en Gaza se acercaba a la hambruna.
Posteriormente, el 12 de febrero, Sudáfrica presentó una “petición urgente” ante la Corte por la decisión de Israel de realizar una ofensiva en Rafa, ciudad situada en el sur de la Franja de Gaza. El 24 de mayo, los jueces de la CIJ ordenaron a Tel Aviv detener su ofensiva militar contra Rafah.
Por otro lado, el 20 de mayo, la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de guerra, Yoav Galant, por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza.
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