El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha impugnado la Ley de Amnistía, acusando que promueve la impunidad al no sancionar delitos graves y vulnerar los derechos de las víctimas.
Diversos sectores de derechos humanos critican que la prescripción penal eliminaría la posibilidad de juzgar a los responsables, consolidando la falta de justicia y perpetuando la impunidad en el Perú.
El Gobierno mantiene una desconexión alarmante entre el respeto a los derechos fundamentales y su incumplimiento sistemático. Las autoridades no solo fallan en proteger estos derechos, sino que también estarían activamente involucradas en obstaculizar la justicia con estas leyes.
El Ejecutivo ha permitido la promulgación de la polémica Ley de Amnistía sin ofrecer explicaciones claras. Esta falta de respuesta frente a una medida que favorece la impunidad refuerza la percepción de un gobierno evasivo y sin compromiso con la justicia.
La Corte Interamericana por su parte ha solicitado de manera formal al Estado peruano que derogue la Ley de Amnistía, argumentando que esta limitaría las investigaciones y juicios sobre crímenes de guerra.
Aarón Rodríguez, Lima
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