El Congreso de Perú rechazó una reforma que buscaba impedir que sentenciados por delitos graves postularan a cargos públicos durante un periodo de diez años tras cumplir su condena.
La propuesta, que solo obtuvo 65 votos a favor, no alcanzó los 87 votos requeridos para su aprobación en primera instancia. Esta iniciativa planteaba modificar el artículo 34-A de la Constitución, estableciendo restricciones para candidatos con antecedentes de terrorismo, narcotráfico, traición a la patria y otros delitos graves contra el Estado.
El Congreso de Perú rechazó una reforma que buscaba prohibir que condenados por delitos graves accedan a cargos públicos durante diez años. La iniciativa, que planteaba modificar el artículo 34-A de la Constitución, no logró el apoyo necesario, dejando en evidencia la falta de consenso político para establecer medidas claras contra la postulación de candidatos con antecedentes penales.
El contexto político actual de Perú muestra un preocupante avance de leyes que restringen derechos, cuestionando la capacidad de las instituciones para frenar posibles abusos de poder.
En el marco de un próximo año electoral, la libertad de expresión enfrenta desafíos, exacerbados por medidas que limitan la postulación de personas con antecedentes penales, lo que impacta en la transparencia democrática.
En 2024, el Congreso aprobó normas que debilitan la justicia, afectan la recaudación fiscal y modifican las reglas electorales, lo que ha generado críticas por favorecer la impunidad.
Aarón Rodríguez, Lima.
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