La Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF, por sus siglas en inglés) expresó su condena el sábado hacia el proyecto de ley presentado por un grupo de miembros del partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente de Argentina, Javier Milei, que busca revocar la legalización del aborto, aprobada a fines de 2020.
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El organismo denunció que la iniciativa “socava y viola gravemente los derechos, libertades y dignidad inherentes a las mujeres”. Además, agregó que es crucial reconocer que la criminalización del aborto no reduce la cantidad de abortos, sino que aumenta el riesgo para la vida de las mujeres al llevarlas a recurrir a procedimientos inseguros y clandestinos.
“Es un principio fundamental de los derechos humanos que cada individuo tiene el derecho inalienable de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, incluidas decisiones reproductivas, sin temor a coerción o represalias”, dice el comunicado y señala que esas decisiones son “partes integrantes del ejercicio de la autonomía y la libertad personales”.
#Argentina���� The International Human Rights Foundation (IHRF) hereby expresses its grave concern and unequivocal condemnation of the recent measures taken by President Javier Milei that seriously undermine and violate the inherent rights, freedoms and dignity of women. It is… pic.twitter.com/Y6IiM7kNMX
— International Human Rights Foundation (@IHRF_English)
February 10, 2024
“La IHRF está comprometida con la protección y promoción de los derechos de las mujeres e insta a reconsiderar cualquier medida legislativa o política que impida la plena realización de estos derechos”, manifiesta.
“Es responsabilidad de todas las partes interesadas crear un entorno en el que las mujeres estén empoderadas para tomar decisiones informadas sobre sus vidas, libres de discriminación, coerción y violencia”, concluye la entidad.
La propuesta, presentada por Rocío Belén Bonacci, una diputada de 27 años e hija del político de extrema derecha José Bonacci, recibió la firma de Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente de la bancada del partido mileísta La Libertad Avanza, Oscar Zago.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados el lunes, pero se hizo público el miércoles por la noche, en medio de la crisis política que enfrentaba el Gobierno debido al fracaso de la ‘ley ómnibus’, el ambicioso plan de reformas de Milei que no logró avanzar en el Congreso.
La polémica surgió de inmediato, con los colectivos feministas advirtiendo “Ni un paso atrás”, mientras una ola generalizada de repudio inundaba las redes sociales con pañuelos verdes, símbolo de la legalización del aborto. Incluso políticas aliadas al Gobierno se sumaron a la participación en esta protesta virtual.
La semana pasada, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que podrían plantear la derogación en algún momento, pero que actualmente no era una prioridad. Sin embargo, este jueves afirmó que el proyecto no cuenta con el respaldo del Gobierno.
“La iniciativa fue de la diputada Bonacci, no es parte de la agenda del presidente, no está impulsada por el Poder Ejecutivo. Estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son mucho más urgentes”, subrayó en su conferencia de prensa.
El día anterior, la sorpresa fue aún mayor cuando los firmantes de la propuesta comenzaron a desvincularse y a aclarar que no la habían respaldado oficialmente. Incluso Lemoine denunció una posible falsificación de su firma.
A medida que se revelaban más detalles, el escándalo se intensificaba. Por ejemplo, la propuesta de la diputada penaliza el aborto en casos de violación o abuso sexual, a pesar de que la despenalización en estas circunstancias ya estaba en vigencia en Argentina desde 1921. Esto significa un retroceso en los derechos no solo de tres años, sino de más de un siglo.
