Desde el lunes, quince países que forman parte del Acuerdo de Escazú se han congregado en Chile para discutir un ambicioso plan destinado a proteger a los defensores del medioambiente en América Latina, considerada la región más peligrosa del mundo para estos activistas.
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El Acuerdo de Escazú, el primer tratado de América Latina que garantiza el acceso a la información en asuntos ambientales, el derecho de participación ciudadana en decisiones relacionadas con el medioambiente y la protección de los defensores de la naturaleza, está en el centro de estas conversaciones.
“Tenemos que defender a quienes defienden la vida”, expresó el presidente de Chile, Gabriel Boric, al inaugurar la tercera reunión de las partes de este Acuerdo en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago.
Hasta la fecha, el Acuerdo ha sido ratificado por 15 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
Chile y Uruguay han presentado una propuesta conjunta para implementar un Plan de Protección que busca garantizar la seguridad y el trabajo de los activistas ambientales, en un contexto marcado por los conflictos relacionados con la tierra y el agua que involucran desde grandes empresas hasta mafias dedicadas a la minería ilegal o la deforestación.
El presidente de la COP, Marcelo Cousillas, calificó el proyecto como “ambicioso pero realista” para los próximos seis años, hasta 2030, durante su intervención en la ceremonia inaugural.
Según la organización Global Witness, entre 2012 y 2022, 1,910 defensores del medioambiente fueron asesinados en todo el mundo, siendo la mayoría de los 177 casos reportados en 2022 en América Latina, con un tercio de ellos ocurriendo en Colombia, según datos de la ONG.
“América Latina es la región más peligrosa para los defensores medioambientales”, afirmó Javier Medina, secretario adjunto de la Cepal.
Durante la reunión, los delegados de los 15 países, junto con representantes de la sociedad civil, incluidos sectores indígenas, trabajarán para definir la hoja de ruta para la implementación del programa de protección antes del miércoles.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero sí estamos en contra de no proteger la vida de aquellos que defienden los territorios”, declaró Rayén Rupayán, una estudiante y defensora mapuche de 22 años que participa en la reunión.
El Acuerdo de Escazú establece estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en asuntos ambientales. Para cumplir con sus compromisos, es crucial que las políticas y regulaciones ambientales se desarrollen de acuerdo con estos estándares.
Esto implica la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas que promuevan la participación pública en la toma de decisiones ambientales y una continua mejora y progresividad en las reformas para asegurar la plena implementación del acuerdo, la protección del ambiente y el respeto de derechos humanos fundamentales.
