Campesinos, indígenas y activistas ecuatorianos fueron reprimidos este miércoles en el plantón pacífico que se desarrolló frente al Ministerio de Ambiente en protesta contra la conciliación del Gobierno de Daniel Noboa con la empresa minera canadiense.
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Los manifestantes rechazaron la violencia registrada en Palo Quemado y, al respecto, se pronunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien denunció que la Policía Nacional se ensaña contra mujeres, estudiantes y ciudadanía en el plantón que se realizó en el Ministerio de Ambiente en Quito en solidaridad con Palo Quemado.
La Conaie criticó “la política de seguridad de Daniel Noboa para reprimir al pueblo que protesta”, y alegó que “no podemos quedarnos callados ante esta injusticia. Es hora de levantar nuestra voz y exigir respeto a los territorios y la vida”.
La fuerza pública de Noboa, está hecha a imagen y semejanza de quien los comanda… con el pueblo que protesta pacíficamente son valientes, pero con la delincuencia ni se asoman. https://t.co/YlUA9WFUiB
— Náhuel Mendoza Klenner (@NahuelMendozaK)
March 27, 2024
Asimismo, la organización precisó que “luego de las declaraciones del Comando Conjunto de las FF.AA., este es el panorama en Palo Quemado, un territorio comunitario acorralado por una fuerte presencia militar y policial, donde continúa la represión”.
“Las declaraciones del Ejército de Ecuador son vistas como la justificación para la arremetida violenta del Estado contra los pueblos y nacionalidades, que ejercen su legítimo derecho a la protesta en rechazo a la falsa consulta ambiental del Ministerio de Ambiente y la Corporación Atico Mining, así como a la política extractiva de Daniel Noboa”, indicó la Conaie.
Mientras declaró la confederación que la lucha sigue, insistió en que el presidente Daniel Noboa debe dejar de mentir y agredir a la población. En este sentido, remarcó la Conaie que “Ecuador no es una de sus haciendas. Respete los derechos constitucionales, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada. No se puede considerar legítima una consulta realizada con solo 40 personas, y menos aún si se le pone un fusil a la población”.
