Un total de 6.000 elementos del Ejército y de la Policía de El Salvador fueron desplegados este lunes en cuatro localidades del departamento de Chalatenango (norte), tras dos homicidios reportados en la zona hace unos días, confirmó el presidente Nayib Bukele.
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Ello sucedió a punto de entrar al tercer año del Estado de excepción que vive el país centroamericano tras un aumento de los homicidios en marzo de 2022.
Bukele señaló que ya se capturaron a los culpables que son, de acuerdo a su información, miembros de la pandilla llamada Barrio 18 fracción Sureños.
Vean cómo destruye la vida de las personas el nefasto régimen de excepción
Ahora quien repara el daño
Declaran inocente a Verónica Delgado capturada arbitrariamente por el régimen
Este día fue presentada al juez, después de 15 días de estar detenida. pic.twitter.com/Ppd6Fv7kp1
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV)
March 23, 2024
El denominado bloqueo de seguridad abarca las localidades de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, y se busca “desarticular esa clica (grupo) por completo”, afirmó Bukele.
Este despliegue de militares y policías se suma a otros implementados en diferentes zonas de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción.
Bajo la medida, señalada de violar los derechos humanos, han sido capturados más de 78.100 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaborares de dichas bandas.
Organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más 200 detenidos bajo custodia estatal.
Hace unos días, hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños.
En este momento, 5 mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San… pic.twitter.com/Nhx2bL6k6R
— Nayib Bukele (@nayibbukele)
March 25, 2024
La medida de régimen de excepción, que está pronto a cumplir dos años de implementación, ha sido prorrogada en 24 ocasiones en períodos de 30 días y suspende las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 3.
