El Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de la Corte Superior Nacional de Perú, realizó este martes la audiencia en la que se solicitó por parte de la Fiscalía la detención domiciliaria durante 18 meses del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
LEA TAMBIÉN:
Revelan desplome de la aprobación del presidente argentino
El acto jurídico fue realizado por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Littmann Ramírez.
Durante el acto, se evaluó la variación de comparecencia simple a detención domiciliaria solicitada para el expresidente de la nación, acción penal que se promueve por los cargos del asesinato en 1992 de seis personas en la localidad de Pativilca, a manos del grupo militar encubierto Colina.
En este sentido, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, manifestó que los elementos de convicción de la petición se sostienen en que el exmandatario no posee ninguna medida coercitiva, por lo que se realiza la solicitud para impedir una posible evasión.
Por su parte, el Ministerio Público alegó que en 2023 se venció un impedimento legal de salida de la nación por 18 meses, tomando en cuenta que Fujimori fue liberado de prisión por un Tribunal Constitucional en el pasado mes de diciembre.
Asimismo, argumentó que al ser el acusado de 85 años, por tanto el ente valoró solicitar detención domiciliaria para impedir el peligro de fuga, al no constar con el arraigo domiciliario, laboral ni la titularidad de bienes del procesado.
Mientras, la defensa del exmandatario, Elio Riera, solicitó que no proceda la petición fiscal, ante lo que aseveró que el procesado cuenta con arraigo domiciliario en la vivienda de su hija Keiko Fujimori.
“Nos encontramos ante un pedido que tiene que ser declarado improcedente”, subrayó la defensa, y manifestó que el requerimiento tiene “graves errores de forma y fondo”.
Por su parte, el exmandatario rechazó la solicitud del Ministerio Público, al alegar que quebranta sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
