El Congreso de Perú, ha aprobado siete leyes que incluyen la reducción de plazos para investigaciones judiciales y cambios en la figura de colaboración eficaz.
Además, se han limitado las medidas cautelares que podrían evitar la fuga de acusados, favoreciendo a implicados en casos de corrupción. A medida que se implementan estas normas, parece que se alinean con intereses políticos que blindan a ciertos actores, poniendo en riesgo la eficacia del sistema de justicia.
El Congreso de Perú con el respaldo de la bancada Fuerza Popular, en los últimos meses, aprobó leyes que limitan la capacidad del Estado para investigar delitos graves, lo que genera preocupación por la corrupción y la delincuencia. Estas modificaciones, apoyadas por el fujimorismo, facilitan la impunidad y debilitan la acción de la Fiscalía y la Policía, lo que a su vez erosiona la credibilidad del sistema judicial del país.
El debate sobre la impunidad en Perú se intensifica con las investigaciones a actores políticos. Esta situación genera tensión entre el poder del Estado y las garantías procesales. La búsqueda de un equilibrio plantea dudas sobre la efectividad en la lucha contra la corrupción.
La insistencia del Ejecutivo en combatir la criminalidad revela una alarmante desconexión con la realidad de la inseguridad en Perú. La aprobación de leyes que restringen la acción del Estado para investigar delitos graves socava la confianza en su gestión.
El fujimorismo respalda la aprobación de leyes que dificultan la persecución del delito en Perú. Estas medidas podrían favorecer a organizaciones criminales y debilitar la justicia.
Aarón Rodríguez; HispanTV; Lima.
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