En Perú, nuevas acusaciones han puesto en jaque al gobierno de Dina Boluarte y a su ex primer ministro, Alberto Otárola.
Yazire Pinedo, extrabajadora de Otárola, afirmó que este entregó pagos de hasta 32 mil dólares a congresistas con el objetivo de asegurar protección política a la presidenta Boluarte frente a una denuncia constitucional.
Según las denuncias, los sobornos estarían relacionados con mantener la estabilidad del gobierno en un Congreso ampliamente cuestionado por su baja aprobación y prácticas controvertidas. Los pagos se habrían realizado bajo la dirección de Otárola para garantizar impunidad. Los legisladores implicados negaron las acusaciones y anunciaron acciones legales en respuesta. Mientras tanto, el gobierno de Boluarte se ha limitado a desmentir los hechos sin impulsar las investigaciones correspondientes.
Acusaciones de corrupción han generado una nueva crisis política en Perú, vinculando al gobierno de Dina Boluarte con presuntos pagos ilegales a congresistas. Mientras los legisladores involucrados rechazan las acusaciones y anuncian medidas legales, el Ejecutivo ha negado los hechos sin tomar acciones concretas. Este caso agrava las críticas sobre la transparencia del gobierno y el Congreso.
El actual Congreso, con más del 90 % de desaprobación, ha impulsado cambios que generan preocupaciones sobre el modelo constitucional y democrático del país.
En medio de la crisis política en Perú, crecen las acusaciones que vinculan a Dina Boluarte con delitos de corrupción. Por su parte, el Ejecutivo rechaza rotundamente dichas acusaciones.
Aunque la cumbre APEC se realizó con éxito, y se destacó el posicionamiento internacional del Perú, el gobierno de Dina Boluarte sigue enfrentando graves cuestionamientos e investigaciones sobre su gestión.
Aarón Rodríguez, Lima.
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