El baluarte del cine argentino está en riesgo después que el Gobierno de Javier Milei ordenara este lunes el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) con el fin de achicar su presupuesto, limitar su operatividad y reubicar personal.
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Los trabajadores recibirán una licencia obligatoria hasta que finalice la reorganización interna de la entidad, cuya fecha final no fue determinada, de acuerdo a la confirmación de plataformas como Tiempo argentino.
“La medida fue anunciada este lunes 22, en el Boletín Oficial, y detalla cómo quedará conformado el organigrama de la institución; las gerencias que se mantendrán serán la General, la de Asuntos Legales, la de Administración y Finanzas y la de Políticas Públicas. Así, sólo permanecerán esas cuatro áreas y se eliminarán las gerencias de Fomento, de Asuntos Institucionales, de Exhibición y Audiencias y de Fiscalización a la Actividad Audiovisual”, subrayó el medio argentino.
El decreto firmado por el presidente del Incaa, Carlos Luis Pirovano, manifestó que “la presente medida implica una reducción de las erogaciones presupuestarias del organismo”.
De acuerdo a las declaraciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el 19 de abril, 254 empleados del organismo fueron notificados que iban a pasar a un “proceso de reasignación de funciones”.
Carlos Luis Pirovano, quien es un economista sin experiencia previa en el cine o la producción audiovisual y defiende el proceso de reajuste del Gobierno de la ultraderecha argentina, cree que “en el contexto de la crisis económica general e importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas”, se debe tener “en cuenta que el Incaa obtiene los recursos de los aportes de toda la sociedad”.
“La estrategia del Gobierno con el instituto parece ser similar a la utilizada en la agencia Télam, que bajo la excusa de un análisis de su funcionamiento sigue cerrado y con sus trabajadores luchando por el derecho a la información y sus puestos de trabajo”, agregó además Tiempo argentino.
ATE valora que el Gobierno necesita “cerrar todos los canales de producción independiente de conocimiento, ciencia y cultura” porque el cine nacional tiene “una estructura de fomento que el poder político y las grandes productoras no controlan directamente”.
Ya se despidió a un tercio del personal y el viernes 254 trabajadores de Fomento, Unidad Operativa de Gestión, CAEC, Fiscalización, Exhibición y Audiencias recibieron las notificaciones de un proceso de reasignación de funciones.
A quienes trabajan en el Gaumont, por ejemplo, se les pidió que no fueran, aún cuando la sala tiene un compromiso de exhibición con Festival Bafici 2024 previstas para este lunes. “El ataque a la cultura en general, y al cine nacional en particular, es enteramente político”, señaló la ATE.
