Residentes de Chalatenango, al norte de El Salvador, rechazaron la militarización de cuatro municipios ubicados al este de ese departamento, ordenada por el presidente Nayib Bukele para supuestamente controlar a la mara (pandilla) 18 Sureños.
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Desde el lunes pasado, en el contexto de un régimen de excepción que dura más de dos años, alrededor de 6.000 efectivos entre militares y policías cercaron los municipios Potonico, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador y San José Cancasque.
En testimonios ofrecidos a un medio local, residentes que por temor declararon bajo anonimato cuestionaron que Bukele tomó la medida de cercar dichos municipios luego de dos homicidios cometidos la semana pasada en San José Cancasque y Chalatenango (cabecera departamental).
Se preguntaron por qué se puso cerco al primero y, sin embargo, no se brindó el mismo tratamiento al segundo, considerado el segundo municipio a nivel departamental en cuanto a homicidios durante 2020 y 2021.
Según el Instituto de Medicina Legal, Potonico, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador y San José Cancasque no reportaron crímenes durante 2020 y 2021. Solo San Isidro Labrador reportó una muerte violenta en 2022. Habitantes de ese territorio manifestaron: “Tenemos más de siete años sin pandillas en la zona y teníamos muchos años de no reportar hechos de violencia”.
Otro habitante valoró que esos municipios llevan años sin presencia de pandilleros. Recordó que allí hubo grupos delincuenciales entre 2009 y 2012, pero se erradicaron gracias a la organización de las comunidades y al trabajo articulado con el Estado salvadoreño, en aquel entonces dirigido por el presidente Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
#Comunicado | Desde Cristosal hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la integridad física de todos los detenidos, así como de todos los habitantes obligados a abrir sus casas para albergar a los militares y policias, en Chalatenango. pic.twitter.com/yVHcWYQJIY
— Cristosal (@Cristosal)
March 25, 2024
La posibilidad de que Bukele esté empleando el cerco militar contra municipios donde no ganó su partido Nuevas Ideas, fue planteada por otro residente, quien llamó la atención de que el FMLN ganó las elecciones municipales en Potonico y San Isidro Labrador, donde habitan muchos exguerrilleros.
Esta misma denuncia hizo el lunes pasado la organización de DD.HH. Cristosal, la cual exigió además que se trate con respeto a los detenidos y a los vecinos a los que el Gobierno pidió que alberguen en sus viviendas a los soldados y policías que participan en el cerco.
El martes pasado, en una declaración, la comunidad de la Universidad de El Salvador repudió la ocupación militar de comunidades en Chalatenango. Los firmantes recordaron que el régimen de excepción se ha prorrogado 24 ocasiones consecutivas y que más de 7.000 detenidos debieron ser liberados por ser inocentes y no tener vínculos con las pandillas.
Cuestionaron que el Gobierno de Bukele ha negociado, pactado y liberado a líderes pandilleros mientras detiene arbitrariamente a miles de ciudadanos. Precisaron que hay al menos 20.000 personas inocentes en prisión.
Denunciaron que el régimen de excepción violenta garantías y libertades ciudadanas, y que se ha prorrogado para amedrentar y reprimir a la población. Reclamaron políticas de seguridad con respeto a los principios democráticos y retomen experiencias de comunidades organizadas que lograron progresos en la prevención y concretaron relaciones de convivencia pacífica.
También días atrás, la Fundación para el Debido Proceso, con sede en EE.UU., advirtió que graves violaciones de DD.HH. perpetradas por el Gobierno durante el régimen de excepción pueden constituir crímenes contra la humanidad.
La plataforma consideró que por su aplicación generalizada y sistemática, algunas de estas violaciones “parecen ser parte de una política coordinada utilizada contra la población civil”.
Organizaciones no gubernamentales han señalado que recibieron más de 6.000 denuncias de violaciones a DD.HH., principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Más de 200 detenidos han muerto bajo custodia estatal.
