El Senado de Chile inició el miércoles la tramitación en la Comisión de Trabajo de la reforma de pensiones, uno de los proyectos pilares del presidente chileno Gabriel Boric.
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El proyecto fue presentado por el Gobierno de Gabriel Boric y ahora debe ser tramitado por el Poder Legislativo de la nación.
Según la ministra de trabajo de Chile, Jeannete Jara, “el diálogo recién se inicia, el presidente nos ha encargado a tener apertura para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones, que es el objetivo de esta reforma provisional”
La reforma, que se presentó inicialmente en noviembre de 2022, propone la creación de un sistema mixto y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos privados de pensiones.
Avanzamos en una reforma por #MejoresPensiones ���� La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado comienza hoy la discusión de este proyecto, que también busca una nueva oportunidad para lograr acuerdos en favor de las y los trabajadores y pensionados�� pic.twitter.com/xkmSa65TaW
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile)
March 6, 2024
Hasta el momento esto se maneja por empresas privadas, el Gobierno de Chile busca subir la cotización de pensiones de un 10% que se maneja actualmente a un 16%.
Este 6% adicional, se tenía planteado destinarlo a un seguro social, pero la propuesta final señaló que buscará acoger una fórmula mixta propuesta por partidos de centro derecha que concita más apoyos y que reparte un 3 % al seguro social y otro 3 % a la capitalización individual.
De entrada, las bancadas de derecha y ultraderecha en el Senado rechazaron la propuesta final para la distribución del 6%, pidieron que el monto vaya en su totalidad a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.
Argumentan que aparte del aumento de la cotización, la reforma del Gobierno incluye la transición a un sistema mixto y el fin del sistema de pensiones tal y como funcionan hasta ahora.
No están de acuerdo con que el Estado gestione los fondos.
Es preciso destacar que el sistema de pensiones chileno, creado por el Gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones reconocidas en Chile como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Este modelo de AFP ha sido criticado por la población en los últimos años ya que la pensión promedio a junio de 2023 fue de 283.455 pesos chilenos para los hombres ($321 dólares) y 111.237 pesos para las mujeres (cerca de $126 dólares), respectivamente, según la Superintendencia de Pensiones.
Este sistema ha intentado ser cambiado por otros Gobiernos, sin embargo, solo se han realizado pequeños cambios, entre los que figuran la pensión financiada por el Estado, creada en el 2008.
Ese sistema fue dirigido al 60% más pobre de la población, esos que nunca habían cotizado o que recibían pensiones muy bajas.
En 2021 fue ampliada y en 2022 este proyecto de pensión del Estado fue suplantado por las Pensiones Garantizadas Universal (PGU) que entrega una pensión máxima de casi 215.000 pesos (cerca de $218 dólares).
