La Defensoría Pública de Sao Paulo junto a otras organizaciones de derechos humanos de Brasil solicitaron el viernes la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para lograr el cese de la operación policial emprendida contra el crimen organizado desde diciembre pasado y que ya reporta unos 26 muertos.
LEA TAMBIÉN:
Acusan a hijo menor de expresidente brasileño Jair Bolsonaro
La maniobra de las fuerzas de seguridad brasileñas contra el crimen organizado tiene como escenario una región cercana a la ciudad de Sao Paulo conocida como Baixada Santista donde en agosto pasado se desplegó un operativo antidrogas tras el asesinato de un agente de policía que provocó alrededor de 14 muertos en cinco días.
El órgano policial reportó que 226 de los 620 detenidos eran prófugos de la justicia, incautaron 72 armas ilegales y 147 kilos de cocaína.
Para el secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derrite: “Nuestras acciones de combate al crimen organizado continúan en la Baixada Santista, con inteligencia operativa y el compromiso de nuestros policías”.
El documento, firmado también por las ONG’s Conectas Direitos Humanos y el Instituto Vladimir Herzog insta a “que se solicite al Estado brasileño el cese inmediato de la operación, evitando la escalada de violencia, y el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes de seguridad pública”.
Las organizaciones presentaron a la ONU una memoria de la Operación Escudo lanzada desde el 18 de diciembre en Sao Paulo, destacando la muerte de al menos nueve personas entre el 20 de enero y el 9 de febrero de este año. Por esas razones, solicitan “pericias e investigación independientes, rápidas e imparciales sobre las muertes resultantes”.
Esta jornada, la secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo notificó que “26 personas murieron en enfrentamientos con la policía” en el marco de la operación, en la que resalta la muerte del narcotraficante Rodrigo Pires dos Santos, apodado Danone, miembro de la poderosa organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
En Brasil es común que las fuerzas de seguridad sean habitualmente criticadas por organizaciones de derechos humanos que las acusan de hacer uso desmedido de la fuerza, especialmente contra la población negra, durante operaciones antinarcóticos y antivicios en favelas y asentamientos pobres.
