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Tras su destitución por el Congreso la víspera, el expresidente peruano Pedro Castillo fue trasladado la propia noche del miércoles a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde espera una decisión en relación tras ser acusado por la Fiscalía de varios delitos.
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Castillo fue trasladado a ese penal, luego de permanecer más de 8 horas en la Prefectura de Lima acompañado de resguardo policial, en medio de la situación creada tras su decreto de disolución del Congreso y que esta corporación decidiera vacarlo.
Previo a ello, fue llevado al cuartel Juan Benites, en el distrito de Rímac, para ser llevado desde un helicóptero a la sede la Diroes, donde también se encuentra el expresidente Alberto Fujimori.
Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo de la Fiscalía, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional ingresó al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La Fiscalía llegó, asimismo, a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
La Fiscalia de la Nación viene realizando operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, la PCM y diversos ministerios, para recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión. pic.twitter.com/Hb90BmCjbF
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru)
December 8, 2022
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de vacancia por incapacidad moral en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
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Extraído de Telesur
