El fiscal general de Venezuela reiteró este lunes que los detenidos por los disturbios ocurridos tras las elecciones presidenciales son criminales pagados.
Tarek William Saab, en declaraciones desde el Ministerio Público, refirió que estas personas “no son presos políticos. Son criminales que se prestaron para acciones terroristas y delictivas pagadas a través de los mal llamados ‘comanditos’, y pretenden desencadenar una guerra civil en Venezuela”.
William Saab señaló también que, tras los hechos violentos de los días 28, 29 y 30 de julio, el Ministerio Público tiene aproximadamente 300 documentos que revelan la acción violenta de los llamados “comanditos”.
Estableció que estos sujetos usaron como excusa el descontento contra los resultados electorales y “dejaron un saldo de 25 muertos”. Por la razón anterior, “es totalmente antipático que se quiera presentar que estos casos tuvieran carácter político”, dijo.
Asimismo, el fiscal aseveró que en el país “no hay niños detenidos, hay, lamentablemente, adolescentes de 16 y 17 años que han confesado que fueron utilizados para ocasionar estos actos de violencia”
Las declaraciones del fiscal surgen para contrarrestar las recientes campañas de descrédito contra el Estado venezolano, que intentan demostrar que los detenidos por ocasionar muertes, heridos y ataques a bienes públicos son presos políticos.
Según el fiscal, el mayor número de casos ocurrió en el área metropolitana de Caracas, y cuatro de las muertes fueron catalogadas como crímenes de odio. Enfatizó que tanto los detenidos como sus familiares han sido atendidos por el Ministerio Público, además, han recibido atención médica y se les han otorgado revisiones de medidas por condiciones de salud.
Tras la victoria en las urnas de Nicolás Maduro el 28 de julio pasado en Venezuela, la ultraderecha de ese país orquestó un nuevo intento golpista y desestabilizador e incentivó una ola de violencia en la nación bolivariana.
De igual manera, los Gobiernos de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos cuestionaron luego la legitimidad del proceso electoral y reclamaron una supuesta victoria del candidato opositor Edmundo González, el abanderado de la extrema derecha, que quedó segundo en el conteo de votos del 28 de julio. En este escenario, el Gobierno venezolano denunció los intentos de Washington y sus aliados de promover un golpe de Estado.
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