Condena por colusión agravada en obra del sistema hidráulico Cachi

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, con la Fiscal Adjunta Provincial Luisa Massiel Conga Palomino a cargo de la investigación, obtuvo una sentencia condenatoria de primera instancia que impone siete años de pena privativa de libertad, 365 días multa y seis años de inhabilitación contra Adlers Palomino Linares (45), Nils Joel Huarancca Barrientos (43) y Bernardo Trinidad Guillén (53), tras acreditarse su responsabilidad en el delito de colusión agravada, en perjuicio del Gobierno Regional (GORE) de Ayacucho.

La sentencia determinó que los acusados se concertaron de manera ilegal para favorecer al proveedor Berna Maquinarias EIRL mediante la conformidad y el pago de una orden de servicio, pese a que el servicio contratado nunca se ejecutó. Se comprobó que los entonces residente de obra y supervisor del proyecto Mejoramiento del sistema hidráulico Cachi en la región de Ayacucho solicitaron y validaron un servicio de asesoría y dirección técnica que no era necesario, no estaba incluido en el presupuesto analítico y, además, no se realizó. El cuaderno de ocurrencias del proyecto confirmó que la empresa no acudió a la obra durante noviembre y diciembre de 2018, periodo en el que supuestamente debía prestar dicho servicio.

A pesar de la inexistencia del servicio, los acusados otorgaron la conformidad y facilitaron el pago, generando un perjuicio económico de 7 mil 850 soles al GORE Ayacucho. Se calificó esta contratación como administrativamente absurda e ilógica, ya que el servicio de asesoría se programó para después de la culminación del servicio principal de mantenimiento, lo que evidenció la concertación ilícita. Los hechos acreditados en juicio permitieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados más allá de toda duda razonable.

“Este fallo representa un avance importante en la lucha contra la corrupción y reafirma el compromiso del Distrito Fiscal de Ayacucho de sancionar conductas que afectan la correcta administración de los recursos públicos destinados al bienestar de la ciudadanía”, señaló la sede fiscal.