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Ica: cárcel para 12 acusados de integrar la organización criminal “Los aceleradores del sur”

por Ideso TV
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El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial titular Fernando Paúl Catacora Pamo, consiguió que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los integrantes de la presunta organización criminal denominada“Los acelerados del sur”.

Los investigados son Fanny Andrea García Cueto, Ángel Huamán Neyra Sierra, Rolando Rómulo Gregorio Flores (trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica); así como Katy Rosmery Castillo Pérez, Marco Antonio Oliveros Espinoza, Enrique Belisario Aliaga Torres, Evelyn Pilar García Yeren, Mirlo Karina Jiménez Benavides, Jorge Cabezudo Bolívar, Pedro Alberto Vara Crispín, Gisela Karina Ramírez Ventura y Martha Elena Centeno Ñañez (tramitadores), quienes afrontan investigación por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y otros.

Según la Fiscalía, durante las audiencias realizadas ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, se presentaron pruebas y testimonios que demuestran la existencia de graves indicios de responsabilidad de los acusados.

Entre los argumentos que sustentaron la prisión preventiva se destacan el riesgo de fuga, la posibilidad de obstaculizar la investigación y la gravedad de los delitos cometidos, cuya pena podría superar los cinco años de prisión.

La fiscal adjunta provincial, Rosa Karina Sánchez Aburto, quien lideró la sustentación del caso, indicó que los elementos presentados al juzgado evidencian que los investigados formaban parte de una red organizada que operaba con fines de lucro, aprovechando su posición dentro de la administración pública para beneficiarse ilícitamente.

“El análisis de las pruebas revela una conducta sistemática que afectó los procedimientos administrativos y vulneró la confianza de la ciudadanía en la función pública”, aseguró.

El tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y dictó la medida coercitiva los días 5 y 10 de noviembre de 2025, asegurando que mientras dure la investigación, los imputados no podrán interferir en las diligencias.

Este caso ha generado atención en la región, debido a la participación de funcionarios públicos y la presunta trama de corrupción que habría afectado a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica en la gestión regional entre los años 2019 al 2022.

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