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La Contraloría General de la República realizó una visita de control a la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida Cutervo”, detectando serias deficiencias en su desarrollo.
El informe N° 1866-2025-CG/GRIC-SVC reveló múltiples irregularidades que comprometen la calidad y durabilidad de la infraestructura, lo que genera preocupación entre los ciudadanos y autoridades locales.
Durante la inspección, realizada entre el 13 y el 17 de enero de 2025, se evidenció que la superficie del pavimento asfáltico presentaba fisuras, hoyos y desprendimiento de material, lo que pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores. Asimismo, se hallaron buzones de alcantarillado a desnivel, base granular con desgaste prematuro y sardineles con fisuras y concreto desprendido.
Uno de los aspectos más preocupantes es que la supervisión de la obra no ha alertado sobre estas deficiencias ni ha remitido los ensayos de calidad exigidos. El informe menciona que el contratista, la empresa SOGU Constructora SAC, valorizó partidas con materiales que no cumplen con los estándares establecidos. A pesar de estas irregularidades, la supervisión aprobó los pagos correspondientes, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
El informe también detalla que las veredas y rampas presentan desniveles inadecuados, lo que podría generar accidentes. Además, se evidenció que las mezclas utilizadas para la carpeta asfáltica y la base granular no cumplen con los requerimientos técnicos, afectando la resistencia y vida útil de la obra. Estos problemas, sumados a la falta de control por parte de la municipalidad, ponen en duda la correcta ejecución del proyecto.
La Contraloría ha recomendado a la Municipalidad Provincial de Ica tomar acciones inmediatas para corregir estas deficiencias y exigir a la empresa contratista y supervisora que cumplan con los estándares de calidad estipulados. Además, se ha solicitado una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales ante un uso inadecuado de los recursos públicos.
