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En Estados Unidos, Toledo cumple detención en su domicilio en San Francisco, California, y es vigilado mediante un grillete electrónico. Pero con la decisión del Departamento de Estado, el exmandatario debe entregarse a las autoridades norteamericanas en las próximas 24 o 48 horas, señalaron fuentes de El Comercio.
El jefe de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza, dijo a Canal N que se espera que el exmandatario llegue al país “en días”.
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En tanto, una fuente de la fiscalía estimó, en diálogo con El Comercio, que el arribo se concretaría como máximo la próxima semana. Como primer paso – dijo- Toledo debe entregarse o, de lo contrario, se emitirá una orden de captura.
La extradición del exmandatario se concretará más de cinco años después de que la fiscalía lo requirió al juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
La artista Vicki Behringer registró en este dibujo a Alejandro Toledo durante una audiencia en la que se expuso su pedido de libertad bajo fianza en el 2019 en Estados Unidos. La solicitud le fue negada y continuó en prisión hasta que se le ordenó arresto domiciliario en marzo del 2020.
Cuando el exmandatario se entregue – señaló la misma fuente- las autoridades norteamericanas se pondrán en contacto con Interpol y la Policía Nacional del Perú (PNP) para trasladar a Toledo.
Las autoridades de EE.UU. son las encargadas de coordinar los detalles de la entrega. Fuentes de El Comercio estimaron que la fiscalía de la Nación evaluará enviar a un representante a ese país. Y lo propio hará la PNP.
Toledo cumplirá en el país una orden de 18 meses de prisión preventiva. La fiscalía lo acusa de recibir una coima de más de US$ 32 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
El caso se encuentra en control de acusación (etapa intermedia) y es seguido por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato.
La procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que Toledo, por su condición de expresidente, probablemente será recluido en la Diroes, donde también se encuentran Alberto Fujimori y Pedro Castillo. No obstante, precisó, en diálogo con el programa “VIII Mandamiento”, que el INPE será el encargado de decidir en qué penal será recluido.
Gestiones
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó su decisión a la Unidad de Cooperación del Ministerio Público del Perú mediante una nota diplomática.
Fuentes de El Comercio precisaron que “técnicamente” la decisión de extraditar a Toledo estaba tomada desde el 2021, cuando el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de Californica, certificó la medida.
No obstante, Toledo interpuso un hábeas corpus contra el juez Hixon, y las autoridades norteamericanas esperaron a que se resolviera ese recurso en primera instancia.
La audiencia de segunda instancia estaba programada para la segunda semana de marzo, pero las autoridades han decidido no esperarla y ordenar la entrega.
Pendiente
La extradición es únicamente por el Caso Interoceánica. Las autoridades norteamericanas todavía no se pronuncian por el Caso Ecoteva, por el que se deberá seguir un proceso de ampliación de la medida.
El cuadernillo de extradición por Ecoteva fue aprobado en el 2021 por el Consejo de Ministros. El anuncio lo realizó el entonces titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/RJO2SPVAEFBMPAVLTL6OFX5A5I.jpg "Alejandro Toledo: ¿Qué pasos siguen para su extradición de Estados Unidos? | EE. UU. ordena su entrega | Odebrecht | Ecoteva | Eliane Karp | Lava Jato | POLITICA-idesotv-noticias-ica")
Eliane Karp, esposa del ex presidente Alejandro Toledo, permanece en Estados Unidos a pesar de tener una orden de prisión preventiva en el Perú por el caso Ecoteva. Las autoridades norteamericanas aún no se pronuncian por este tema. (Foto: Archivo El Comercio)
Toledo y su esposa Eliane Karp enfrentan una orden de 18 meses de prisión preventiva por Ecoteva, que fue impuesta en diciembre del 2019.
En el 2021, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima declaró infundado el pedido para cesar esa orden.
