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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó Disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria de la Fiscalía contra expresidente Pedro Castillo por delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple.
Asimismo, contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por los delitos de organización criminal y colusión simple; y contra el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, por el delito de organización criminal.
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El Ministerio Público solicitará una segunda de orden de prisión preventiva contra el exmandatario, quien ya cumple una primera disposición de 18 meses por el golpe de Estado de diciembre del 2022, de acuerdo con fuentes de El Comercio.
Esto será posible tras la formalización de la investigación preparatoria en su contra por delitos de corrupción y por organización criminal, a raíz de los casos Petro-Perú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Cabe indicar que el pasado 17 de febrero el Pleno del Congreso aprobó una acusación constitucional contra Castillo Terrones y sus exministros por dichos casos.
La decisión se tomó a partir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del 2022, con el objetivo de levantarles al antejuicio (inmunidad) y poder seguir investigando a los tres exfuncionarios.
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Actualmente, Pedro Castillo cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva en su proceso por rebelión y conspiración en torno al golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado.
Esa medida fue dictada por el juez Juan Carlos Checkley y luego confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín.
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La defensa del expresidente, a la que se ha sumado al exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni, actualmente busca anular esa prisión preventiva mediante una casación y un recurso de cuestión previa.
Sin embargo, también han anunciado su intención de hacer la misma solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como instancia supranacional.
