Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato: “EE.UU. ha verificado que Alejandro Toledo no es un perseguido político” | Eliane Karp | Odebrecht | Ecoteva | POLITICA

– El juez Thomas Hixson evaluará el 9 de marzo si Alejandro Toledo vuelve a prisión. ¿Con esto podemos asumir que su entrega al Perú será necesariamente luego de esa fecha?

Ya el señor Alejandro Toledo ha manifestado a las autoridades norteamericanas que no tiene la voluntad de entregarse. Eso ha gatillado la decisión de solicitar la revocatoria de su arresto domiciliario y la fianza que lo sostenía en libertad. A partir de eso, el juez ha programado la audiencia para que se discuta lo que el señor Toledo podría argumentar. Según lo que se nos ha informado, ha manifestado que no se entrega porque aparentemente algún riesgo de vida y en segundo lugar, poque manifiesta que hay una audiencia pendiente de apelación de un habeas corpus que se presentó contra el juez Hixson. Pero para el gobierno de EE.UU., esa apelación pendiente no ha condicionado su decisión de entregar y extraditar al señor Toledo.

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Para nosotros, lo congruente es que el juez Hixson deberá ordenar la aprehensión del señor Toledo y ponerlo a disposición de las autoridades para que se inicie el proceso administrativo de su entrega física al Perú. No debería haber ningún tipo de inconveniente. Somos optimistas porque es el mismo juez que certificó la extradición en septiembre del 2021, conoce todos los antecedentes y todos los argumentos [de Toledo] ya han sido discutidos en el proceso de extradición. Estamos esperando con paciencia, pero creemos, con optimismo, que el señor Toledo deberá ser entregado con fecha posterior al 9 de marzo.

– Sé que no se tiene mucha certeza para hablar de plazos, pero pongámonos en el escenario de que el juez ordene la prisión de Toledo tras esa audiencia. ¿A los cuántos días podríamos tenerlo en el Perú luego de eso?

De eso no hemos sido informados, es parte de la burocracia interna que hay en los Estados Unidos. Lo que suponemos, dentro de las coordinaciones que se han venido efectuando, es que luego de que el señor Toledo es asegurado, lo que corresponde es generar el trámite administrativo y policial de su transporte y entrega física a las autoridades del Perú. Allí hay algunas cosas que todavía están en proceso de ser conversadas, coordinadas entre la oficina de cooperación internacional del Ministerio Público y las autoridades del Departamento de Estado y de Justicia, además de la intervención de la Cancillería y la Policía Nacional. Todavía esos detalles no están del todo claros […] Creo que no debe demorar mucho, ya se están haciendo coordinaciones para que la entrega sea lo más pronto posible.

– Imagino que no había mucha esperanza de parte de ustedes para que Toledo se entregase de forma voluntaria…

Bueno, no podríamos haber especulada nada. Efectivamente, el señor Toledo ha manifestado siempre una defensa pertinaz de su inocencia. Ha mostrado en todo momento una defensa muy activa a través de sus abogados, tanto en Perú como en EE.UU. Era posible que no se entregue voluntariamente, sí, pero también podía caber una reflexión final dentro de lo que correspondería a su propia condición de expresidente, que contemporice las circunstancias de comparecer a las autoridades del Perú, de afrontarlas con todas las garantías y seguridades, que han sido clara y debidamente reconocidas por el Gobierno de EE.UU. En la decisión del Gobierno de EE.UU. hay por un lado, la abrumadora evidencia; pero adicionalmente se ha verificado que el señor Toledo no es un perseguido político y que se le han brindado las garantías del debido proceso.

– Pasaron seis años desde que se dictó la prisión preventiva para Alejandro Toledo hasta la aprobación de su extradición. Es un tiempo largo. ¿Era lo que se esperaba o cómo explicar esa demora?

El Gobierno de EE.UU. siempre toma mucho tiempo en resolver este tipo de controversias. Se trata de un caso sumamente sensible, se trata de un expresidente del Perú. Sin duda, ellos son muy rigurosos, muy minuciosos en el análisis del proceso. Evidentemente nuestra expectativa siempre fue otra, que el proceso de extradición culmine con mayor prontitud, pero uno tiene que reconocer que en estas tramitaciones existe el derecho a defenderse, que el señor Toledo ha ejercido plenamente y con una oposición permanente. Incluso teniendo en sus asesoría y defensa a personajes de muy alto perfil en Estados Unidos.

Es conocido que lo asesoraba el señor [Roger] Noriega, que tenía presencia activa dentro del gobierno republicano. Por otro lado, es cierto que la pandemia dificultó, de la misma manera que sucedió en el Perú, toda la tramitación de la extradición del señor Toledo en el sistema de justicia norteamericano. Entonces, el tiempo que ha pasado podría haber sido menor, nosotros hicimos todos los esfuerzos […] Hay mucha documentación que ha sido objetivo de revisión por las autoridades norteamericanas. El hecho de ser un idioma distinto es también una barrera cultura y complicado. Pero todo eso se llegó a superar a través de la cooperación permanente. La Cancillería también tuvo un rol protagónico dentro de lo que le correspondía a través del embajador Hugo de Zela.

– El tema ya había sido aprobado a nivel de la justicia de EEUU en septiembre del 2021, pero el Departamento de Estado luego tardó año y medio en finalmente conceder la extradición. ¿A qué atribuyen esa demora?

Es difícil especular. Lo que se nos dijo en septiembre del 2021 era que el caso del señor Toledo era particularmente importante para EE.UU. y que ellos buscarían agotar que los recursos que pueda haber formulado el sr. Toledo por lo menos puedan ser rechazados en una primera instancia. Y eso es lo que ha sucedido. Desde ese punto de vista, no hay una expectativa que no haya sido cumplida.

– Algunos sectores han advertido que ese periodo coincide con el gobierno de Pedro Castillo, donde embajadores con pasado ‘toledista’ como Manuel Rodríguez Cuadros y Maurtua tuvieron un peso importante. ¿Consideran que eso influyó en esa demora?

Es un dato objetivo que durante este tiempo no hubo ninguna noticia en concreto sobre la extradición del señor Toledo. Nosotros hemos escuchado las mismas especulaciones, pero han quedado en eso. Lo que está claro es que el trabajo estaba hecho desde hace bastante tiempo y lo que quedaba era una evaluación de parte de las autoridades. A nivel político, es difícil especular sobre esta situación; pero técnicamente hablando lo que quedaba pendiente era la evaluación final, de la parte política en sí misma.

– El Comercio ha informado de que Toledo ha pedido suspender la ejecución de su extradición, citando la crisis sociopolítica en el Perú posterior al golpe de estado de Pedro Castillo y a las protestas. ¿EE.UU. le podría dar la razón en esto?

No, en absoluto. Ya la decisión del juez está tomada y cualquier otra circunstancia sobreviniente tendría que haber sido materia de evaluación de la parte política. Y esa decisión acaba de ser tomada hace días. En ese contexto, está claro que para el gobierno de EEUU, el Perú es un país donde se cumple con el estado de derecho y se respetan los derechos fundamentales de las personas, específicamente del señor Toledo […] No resulta comprensible ni coherente su argumento. Sin embargo, es la expresión de sus abogados y eso deberá ser resuelto con prontitud.

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– ¿Está tratando de dilatar u obstaculizar la extradición hasta el último momento?

Sí, el señor Toledo en todo momento ha obstaculizado el proceso de extradición. Es más bien congruente con su propia decisión de eludir la acción de la justicia cuando dejó el Perú en enero del 2017. Para nosotros no es ninguna sorpresa que el señor Toledo siga tratando de generar escenarios donde pueda controvertir la decisión ya tomada por el Gobierno de EE.UU.

– Con lo de Toledo prácticamente decidido, queda por verse el caso de Eliane Karp. Su extradición por Ecoteva fue aprobada por la Corte Suprema y el Gobierno peruano. ¿El cuaderno de extradición ya está traducido y en poder del Gobierno de EE.UU.?

Así es. Toda la documentación ya está en poder del Gobierno de EE.UU., tanto respecto a Alejandro Toledo como a Eliane Karp. En ambos casos, los pedidos están autorizados por la Corte Suprema y el gobierno del Perú. Esa información está en poder de las autoridades de EE.UU., que tiene que tomar decisiones autónomas. Nosotros estamos preocupados esencialmente por la situación de la señora Karp, porque contra ella no hay ningún tipo de aseguramiento, solo el de su condición cónyuge en la extradición por Interoceánica. Allí, se les solicitó y se entregaron sus pasaportes. Es la única garantía que se tiene para que la señora Karp no eluda la acción de la justicia y pueda, si en el gobierno de EEUU no toman alguna previsión, eventualmente viajar.

– ¿Eliane Karp ya pidió que le devuelvan su pasaporte para viajar a Bélgica? Porque entiendo que si lo hace, no podría extraditarla desde ese país.

No puedo dar detalles exactos, pero es correcta la información. Ha sido solicitado de su parte la entrega del pasaporte. Hemos hecho un informe de oposición al respecto como fiscalía. Evidentemente, esa circunstancia debe evaluarse también en orden a la decisión de EE.UU. de culminar la extradición del señor Toledo y entregarlo a la justicia del Perú. Ese es un hecho que ha sobrevenido con posterioridad a la decisión de la señora Karp de pedir su pasaporte. Ahora tenemos la posibilidad de que luego de que el señor Toledo sea entregado, se le tenga que restituir el pasaporte a la señora Karp. Nosotros nos hemos opuesto, pero eso ya es absoluta decisión del gobierno de EEUU. Probablemente se puedan hacer algunos esfuerzos a través de la Unidad de Cooperación Internacional nuestra, de la Cancillería, pero finalmente es una decisión del gobierno de EE.UU.

– ¿Consideran que Eliane Karp debería ser detenida?

No solo en nuestra opinión, sino que es la decisión del sistema de administración de justicia del Perú. En el proceso de extradición presentado a los EEUU contra la señora Karp y el señor Toledo por el Caso Ecoteva, también hay una solicitud de arresto provisorio. Está incluido dentro del propio trámite de la extradición. El Perú ya cumplió con lo que corresponde al presentar la evidencia y la necesidad del arraigo de la señora Karp. Ya queda en manos de las autoridades norteamericanas hacer una evaluación de toda la documentación que ellos tienen y evaluar si deben tomar el mismo camino que tomar con el señor Toledo en su momento.

– ¿Ustedes pueden o van a remitir algún tipo de pedido adicional para que Eliane Karp sea detenida o se le impida salir de EE.UU.?

Es imperiosa la necesidad de que se puedan tomar los recaudos para el aseguramiento de la señora Karp. Lo que corresponde es sumar esfuerzos para que todo lo que ya existe documental y legalmente en conocimiento de las autoridades norteamericanas encuentre el nivel de prioridad que corresponde, para que pueda solicitarse el arraigo para que no pueda eludir a la justicia. Estamos en esa evaluación, de qué pedido de puede reiterar, porque ya todo está presentado. Es una cuestión de suma voluntades y de hacer los esfuerzos correspondientes a nivel de la propia Cancillería […] El pedido de extradición debe de estar en conocimiento de las autoridades norteamericanos casi dos años.

– Respecto al caso de Keiko Fujimori. Recientemente hubo una controversia dentro del control de acusación respecto a la admisión de pruebas, ¿el caso está en riesgo por esto?

Eso es falso. El juez Víctor Zúñiga en la audiencia ha manifestado que el caso está saneado, no tiene nada pendiente desde lo sustancial. En otras palabras, es inexorable el camino hacia el juicio oral. Lo único que está pendiente es incorporar la prueba que se va a actuar dentro del juicio. Pero todos han sido informados que el caso solo tiene pendiente esa fase para luego emitir el auto de enjuiciamiento y pasar a la siguiente etapa: el juicio oral. Las controversias de esta naturaleza son parte de la litigación y de lo que corresponde al análisis y el control de acusación, pero en ningún caso ello ha implicado una devolución de la acusación. Esto también lo ha manifestado el juez. Nunca se ha devuelto la acusación. Lo que ha existido son saneamiento y correcciones que se dan dentro del desarrollo de las audiencias porque para eso existe el control de acusación […] Lo que sucede en este caso es que es altamente complejo, tiene más de 40 acusados, y litigan activamente, sin ser exagerados, casi un centenar de abogados que promueven muchas veces medidas dilatorias.

– Esta semana, el juez Zúñiga resolvió que la fiscalía podrá sustentar la utilidad de las pruebas de forma oral. Los abogados alegan que la oralización de las pruebas afecta su derecho a la defensa.

El principal de oralidad es la esencia del modelo procesal penal, está presente en todas las audiencias. De otra manera, el proceso sería escritural. Lo que se busca es celeridad, prontitud, que dentro de la gestión de despacho judicial, el juez lo que privilegie es que las partes puedan ejercer su derecho, pero que se favorezca el principio de oralidad. De hecho, la etapa de incorporación de pruebas es bastante sencilla en su razonamiento: solo es la determinación del medio de prueba y para qué sirve, si es pertinente, contundente o útil. Lo que sucede es que es evidente la construcción de una defensa dilatoria, que lo busca es que no se llegue a la etapa del juicio oral con prontitud.

– ¿Ya es inevitable o una certeza de que Keiko Fujimori y sus coacusados irán a juicio? ¿Cuándo debería pasarse a esa etapa?

Así lo ha dicho el juez Zúñiga en audiencia, no es solo lo que yo le pueda manifestar. Es una postura definitiva del órgano jurisdiccional. El esfuerzo del Ministerio Público es por arribar lo más rápido posible a esa etapa. […] Es difícil tener un pronóstico claro. El MP lo que está buscando celeridad, llegar con prontitud al juicio oral, y lo que buscan los abogados es entorpecer, dilatar. Es difícil especular cuánto tiempo pueda llevar a cabo, pero la estimación es que estamos en la etapa final, como lo ha dicho el propio juez, y que el debate oral va a agilizar más el proceso de incorporación de la prueba. Así que, si tuviéramos que estimar, estamos ante un escenario inminente en el que probablemente en tres o cuatro meses debería culminar esta etapa y emitirse el auto de enjuiciamiento para el inicio del juicio oral posterior.

– El Poder Judicial les negó, por tercera vez, un pedido para que Vladimir Cerrón vaya a prisión preventiva. ¿Siguen considerando que esta medida es necesaria para su caso?

Sí, absolutamente. Hemos presentado también un recurso de casación contra la decisión de la sala superior [que rechazó la prisión preventiva en enero], esencialmente porque dentro de otros fallos con hechos similares había decidido por la prisión preventiva de una manera distinta. No porque se trate del señor Cerrón podría tener una interpretación más favorable

– ¿Es una casación para que se le imponga una prisión preventiva?

Así es, contra la decisión de la sala superior. Y en paralelo, también lo que existió fue la violación de la decisión de tener una comparecencia con restricciones y ordenarse el pago de una caución. El señor Cerrón no pagó la caución, eso fue admitido en la audiencia de apelación de la prisión preventiva. Dijo que no tenía dinero. Consintió esa decisión, pero no la pagó. Lo que decidió el juez s que Cerrón violó las reglas de conducta, pero lo que dice es que en el pago de la caución, debería haber sido previamente requerido para que cumpla por parte del juez o del MP. Y eso no sucedió. Nuestra posición es otra: si el juzgado le notificó y le dio una cantidad de días para que pague, no podría tener sentido que vuelvan a requerirlo por un incumplimiento. Si le dan diez días y no cumple, y después le tienen que volver a requerir, ya no serían diez días, sino quince, veinte, sería inestimable. Estamos apelando esa posición del juez […] Debería ser revocada su comparecencia con restricciones por una prisión preventiva.

– En el caso de la presidenta Dina Boluarte, ella también estaba incluida en la investigación preliminar del caso de Vladimir Cerrón. ¿Cuál es su situación actual respecto a esta investigación por lavado de activos?

Ella está en condición de investigada, está en etapa de investigación preliminar. La investigación está siendo impulsada, como corresponde, por el fiscal Richard Rojas. En cada disposición él debe motivar qué diligencias se están llevando a cabo y hasta cuándo existe el plazo de investigación preliminar vigente.

– Finalmente, cerraron el año con la acusación al expresidente Vizcarra y con dos juicios ya en marcha. ¿En qué otro caso está por presentar acusación y qué otro juicio está cerca de comenzar?

El equipo especial presentó 14 acusaciones, hay algunas en etapa intermedia, otras donde no se ha iniciado la etapa intermedia. Estamos a la expectativa de que el Poder Judicial pueda tener un segundo pensamiento respecto a la solicitud que hicimos de juzgados a dedicación exclusiva [al caso Lava Jato], porque ya se están manifestando algunos retrasos significativos en algunas decisiones de los casos por parte de los órganos jurisdiccionales […] Hay varias investigaciones bastante avanzadas, como el de la San José de Sisa, el caso del señor César Villanueva; el caso del señor Vizcarra, donde está pronto a iniciar el control de acusación. El Caso Arbitrajes y Gasoducto del Sur, van avanzando con una importante velocidad. Y creemos que podemos llegar tranquilamente en los próximos seis meses ya no a 14 acusaciones, sino completar 17 o 18 acusaciones. El caso de Pedro Pablo Kuczynski también está en una etapa final, existían pendientes unos peritajes y después de estos merecerá un pronunciamiento final del despacho fiscal.